Obligados a retratarse. Los grupos políticos de Benidorm deberán votar en pleno si seguir adelante con la batalla judicial abierta contra el rastro ubicado junto a la ITV después de que el juez no viera probada la «lesividad» contra el interés público en la que el Consistorio benidormense se apoyó para presentar la demanda con la que pretendía anular los permisos que la propia administración local concedió a la citada actividad en 2015. Así se especifica en la sentencia relativa a este proceso, como ya adelantó este diario.

Un fallo judicial que pasó ayer por comisión informativa de Régimen Interior para dar cuenta al resto de grupos políticos después de que el documento fuera notificado al Ayuntamiento el pasado viernes, como señaló la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, y contra el que cabe recurso durante los próximos 15 días. «Estamos pendiente de que el departamento jurídico informe sobre la sentencia y, una vez que tengamos la valoración técnica, la intención es llevarlo a pleno para votar qué hacer», señaló la concejal del PP.

A renglón seguido, Caselles defendió su gestión en este asunto. «Emití la licencia después de que el expediente se hubiera iniciado en 2013, cuando el PP todavía no gobernaba», recordó ayer a la vez que pidió a todos aquellos que exigieron su dimisión por este asunto que pidan perdón. «Hice lo que tenía que hacer», recalcó.

Como se recordará, el Ayuntamiento inició esta batalla legal después de abrir un expediente de lesividad contra este negocio al entender, entre otras cosas, que perjudicaba al desarrollo urbanístico de la zona de Armanello, donde está emplazado. Estas consideraciones fueron expuestas en un estudio elaborado por la Universidad de Alicante (UA) que fue presentado como prueba en este juicio junto al informe del secretario municipal. Sin embargo, finalmente, el juez no vio probada de forma «patente y palmaria» la lesión al interés público.