En manos de todos los grupos políticos. El pleno de Benidorm será quién decidida si seguir adelante con la batalla judicial abierta contra el rastro ubicado junto a la ITV después de que el juez no viera probado la "lesividad" contra el interés público en la que el Consistorio benidormense se apoyó para presentar la demanda con la que pretendía anular los permisos que la propia administración local concedió a la citada actividad en 2015. Así se especifica en la sentencia relativa a este proceso, como ya adelantó este diario.
Un fallo judicial que hoy ha pasado por comisión informativa de Régimen Interior para dar cuenta al resto de grupos políticos después de que el documento fuera notificado al Ayuntamiento el pasado viernes, como ha explicado la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, y contra el que cabe recurso que debe tramitarse en los próximos 15 días. "Estamos pendiente de que el departamento jurídico informe sobre la sentencia y, una vez que tengamos la valoración técnica, la intención es llevarlo a pleno para votar qué hacer", ha señalado la concejal del PP.
A renglón seguido, Caselles ha querido defender su gestión en este asunto. "Yo emití la licencia después de que el expediente se hubiera iniciado en 2013, cuando el PP todavía no gobernaba", ha recordado a la vez que ha pedido a todos aquellos que pidieron su dimisión por este asunto que pidan perdón. "Hice lo que tenía que hacer", ha recalcado.
Como se recordará, el Ayuntamiento inició este batalla legal después de abrir un expediente de lesividad contra este negocio al entender, entre otras cosas, que perjudicaba al desarrollo urbanístico de la zona. Estas consideraciones fueron expuestas en un amplio estudio elaborado por la Universidad de Alicante (UA) que fue presentado como prueba en este juicio junto al informe del secretario municipal. Sin embargo, finalmente, el juez no vio probada de forma "patente y palmaria" la lesión al interés público y llegó a calificar el rastro de un atractivo más para Benidorm.
