Ni el gobierno, ni el grupo mayoritario de la oposición. Finalmente, la formación Ciudadanos (Cs), que cuenta con tres ediles en el Ayuntamiento de Benidorm, se quedará con el control de la investigación sobre la «desaparición y ocultación» de documentos ligados al expediente de la estación de autobuses de la ciudad turística, uno de los más controvertidos de la citada administración local al registrar infracciones urbanísticas durante su desarrollo -encargado al empresario Enrique Ortiz-, lo que llevó al Tribunal Supremo a anular su adjudicación en el año 2012. Una orden judicial todavía pendiente de cumplir por el Consistorio que, ahora, ha creado a petición de los grupos de la oposición un órgano para investigar a fondo todo el procedimiento administrativo de la terminal después de que hace unos meses apareciera un «papelito» firmado por el propio Ortiz oculto en un armario de Intervención.
Toda esta situación llevó a los grupos de la oposición (PSOE, Cs, Liberales y Compromís-Los Verdes) a solicitar la creación de un órgano para investigar a fondo el expediente. Una comisión que echó a andar ayer, tras dos meses de idas y venidas, y que, finalmente, será controlada por Cs. Así lo decidieron ayer todos los grupos después de que los populares, que gobiernan en Benidorm junto a CBM, se echaran a un lado y propusieran al edil de la formación naranja Juan Balastegui como presidente y la regidora de CBM Paquita Ripoll, como vicepresidenta, que forma parte del ejecutivo local.
El PP justificó su propuesta con el argumento de que así el control de la investigación «recaiga en representantes de dos partidos que no han intervenido en la gestión directa de este expediente, como son Ciudadanos (Cs) y Ciudadanos por Benidorm (CBM)». Una petición que no agradó a los grupos de la oposición, impulsores del órgano. De hecho, finalmente, aprobaron que fuera la edil socialista Cristina Escoda, la encargada de ocupar la vicepresidencia. «El veto a esta propuesta no hace más que confirmar que el objetivo que persigue una parte de la oposición es meramente político y nada tiene que ver con resolver las dudas o problemas en torno a la estación», consideró ayer el portavoz del PP, José Ramón González de Zárate.
Cabe recordar que la primera sesión de la comisión de investigación tenía un único punto en el orden del día, decidir qué grupo se encargaría de presidir el órgano. Un asunto no exento de polémica si se tiene en cuenta que la decisión de los grupos de la oposición de incluir en el acuerdo de constitución del ente al portavoz del grupo socialista, Rubén Martínez, como presidente y al portavoz adjunto de Cs, Juan Balastegui, como vicepresidente impidió iniciar las reuniones durante un mes por las advertencias del secretario sobre la ilegalidad de la decisión.
«Dudas legales»
Ahora, el nombramiento de Escoda ha vuelto a generar «dudas legales» en las filas del PP. «Los representantes designados por el grupo socialista eran Rubén Martínez y Conrado Hernández, no Cristina Escoda», recordaron ayer. De ahí que el PP haya solicitado un informe jurídico para ver hasta qué punto la vicepresidencia puede recaer en una persona que no es titular de la comisión.
Críticas de la oposición
Por su lado, el portavoz del PSOE consideró que «el alcalde ha intentado boicotear una propuesta democrática de la oposición demostrando su carácter autoritario» mientras que el portavoz adjunto de Cs, Juan Balastegui, declaró que «lo importante es que esta comisión sirva para esclarecer toda la verdad sobre la estación de autobuses». La representante adjunta de Liberales, Ángela Berna, acusó a Toni Pérez de intentar retrasar en la medida de lo posible que esta comisión empiece a trabajar para aclarar todo lo relacionado con la estación de autobuses» y, el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, remarcó que la propuesta de la oposición estaba consensuada por cuatro grupos, por contra a la del PP, que «ha lanzado nombres al aire sin consensuar ni siquiera con alguno de los miembros que proponían».
