Son la otra cara de la misma moneda, la de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a derruir las dos torres de Punta Llisera de Benidorm. Los vecinos de este inmueble situado en la calle Alcalde Manuel Catalán Chana llevan meses con una losa sobre sus cabezas: la de pensar que se pueden quedar sin sus casas si se ejecuta la demolición de los edificios. El último fallo del alto tribunal ha acercado un poco más esa piedra pero, en el fondo, aún tienen esperanza de poder salvar sus viviendas.
Caminar ayer por esta calle que lleva a Serra Gelada y a las calas de Ti Ximo y l'Almadrava es hacerlo junto a decenas de senderistas que pasan por delante de los rascacielos de 22 plantas de Gemelos 28. Los transeúntes se paran y miran hacia arriba: «estas son las torres que quieren tirar», afirma uno de ellos. Y entre tanto espectador, los vecinos de estos dos edificios siguen con su vida normal, entrando y saliendo con sus coches o a tirar la basura.
Por ahora, nadie les ha comunicado oficialmente qué va a pasar exactamente o cómo. Eso sí, tienen claro, según las fuentes consultadas por este diario, que la decisión es «injusta» y, además, un «sinsentido». Sobre todo porque, si las torres se desmontan, en la misma parcela tendrían cabida incluso otras dos torres que no invadieran la zona de servidumbre de costa, como así confirmó el Ayuntamiento de Benidorm.
Segundas residencias
Las torres de Gemelos 28 cuentan con 168 apartamentos divididos en dos edificios a los que se suma una entreplanta, una planta baja y cuatro más de aparcamientos. En total más de 24.400 metros cuadrados construidos a escasos metros del mar.
Los propietarios son diversos. Desde extranjeros de varios países que compraron sus viviendas como segundas o incluso terceras residencias, hasta familias que pagan sus hipotecas y que no tienen otra casa que esa en la que viven. Además, también hay personas en alquiler todo el año.
La noticia de que el Supremo había rechazado los recursos tanto del Consell como los propietarios para evitar el derribo ha provocado que algunos vecinos que se encuentran fuera de España se preocupen ya que se enteraron de la noticia por los medios.
Para algunos, según las mismas fuentes, si se derriba el edificio será «perderlo todo; aún están pagando las hipotecas». Así, las indemnizaciones que se barajan es la del precio de la vivienda, que se adquirieron en plena burbuja inmobiliaria y que oscilan entre los 400.000 y los 700.000 euros, además de un 20% «extra». Otros, según ha podido saber este diario, compraron sus viviendas más tarde a precios más bajos y cuando ya estaba en marcha el proceso judicial.
Los vecinos seguían ayer con sus vidas sin hacer mucho caso al revuelo mediático en el que se han visto inmersos en estos días. Hasta que el derribo tenga fecha y sea una realidad, seguirán con normalidad su día a día. Mientras, una empresa ya se está encargando por petición del Consell de redactar un proyecto de demolición. Ese será el primer paso que probablemente lleve unos meses. Lo siguiente, será marcar un calendario para ejecutar la sentencia; si ya nada lo impide.
