Tres meses. Ese es el plazo que la Generalitat Valenciana tiene para poner sobre la mesa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana el proyecto de demolición de las dos torres de Punta Llisera de Benidorm que se encuentran fuera de ordenación desde el año 2012, cuando el Tribunal Supremo (TS) anuló la licencia concedida en 2005 a Edificaciones Calpe para construir el polémico complejo Gemelos 28. Así lo confirmaron ayer fuentes del Consell después de que este diario adelantara que el alto tribunal ha rechazado los recursos presentados por la Abogacía de la Generalitat y la constructora Terras de l'Horta -filial de Edificaciones Calpe- contra la orden de ejecución del derribo. O, dicho de otro modo, después de que el Supremo haya quemado el último cartucho que guardaban en la recámara para intentar salvar de la piqueta a las torres.

Una vez finiquitada la vía judicial y sin más opción que acometer, sí o sí, el derribo de estos dos edificios, la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio ha comenzado ya a hacer números. Y los números arrojan un resultado monumental para la Hacienda autonómica. «Teniendo en cuenta la demolición, el coste de esta desastrosa operación superará los cien millones de euros», afirmaron ayer fuentes del Consell, que recordaron que las torres de Punta Llisera son «un caso más de la ruina en diferido y de herencia envenenada que han dejado los anteriores gobiernos del PP y que ahora estamos pagando todos los valencianos».

Crédito presupuestario

Para poder hacer frente al coste que supondrá este procedimiento, a la Generalitat no le va a quedar otra que modificar sus presupuestos para poder disponer de esos cerca de cien millones en las cuentas de 2019, tal y como exige la sentencia. De hecho, además de ordenar que presente ante la sala el proyecto de demolición en un plazo máximo de tres meses, el auto de ejecución definitiva de la sentencia dictado por el TSJ también exige a la conselleria la presentación de una previsión del coste del derribo, tras lo cual concede otros tres meses de plazo para habilitar el crédito presupuestario necesario para tirar abajo el complejo.

Desde Obras Públicas explicaron ayer que ya se han iniciado los trabajos para calcular cuál fue el precio de adquisición de todos los elementos que ahora hay que demoler. Y han recordado que una estimación inicial los cifró en 72 millones de euros, que después se elevaron hasta una cuantía que podría superar los cien.

¿Por qué costará tanto?

Gemelos 28 se compone de dos torres idénticas, de 22 pisos de altura y un total de 168 apartamentos de lujo, construidos a escasos metros del mar en la conocida como Punta Llisera, en la zona del Rincón de Loix de Benidorm. Parte del complejo se levantó en su día invadiendo los 20 metros de la zona de servidumbre marítimo-terrestre que marca la Ley de Costas, motivo por el que en su momento fue declarado ilegal.

El grueso del gasto que tendrá que desembolsar la Generalitat será para hacer frente a las indemnizaciones. Los pisos salieron al mercado antes de la crisis con precios de partida que oscilaban entre los 460.000 y los 720.000 euros y los tribunales han asumido en todo momento que sus propietarios los adquirieron de buena fe, dando por hecho que el proyecto era legal.

De ahí que, en la sentencia, los magistrados reconocieran el derecho de los mismos a ser indemnizados por todo el dinero que invirtieron, más un 20% adicional. Tirando por lo bajo y atendiendo a que las 168 viviendas fueran adquiridas al precio más «económico», el resultado de la operación se elevaría por encima de los 92 millones, sin contar con las indemnizaciones por garajes, zonas comunes del edificio o con la ejecución de la demolición en sí de los rascacielos, que podría superar por sí sola los diez millones de euros.

Protección medioambiental

Como ya expresaron en su día ante los tribunales, desde la conselleria hicieron ayer hincapié en que otra de las complicaciones que podría tener la demolición es en materia medioambiental, debido a que las torres lindan con el parque natural de la Serra Gelada y se encuentran a escasos metros del mar, lo que también podría generar daños sobre la fauna y la flora marina. Por eso, señalaron que para ejecutar el derribo se tendrá muy en cuenta el impacto del mismo en su entorno.