La comisión que tiene que investigar el conocido «papelito» de la estación de autobuses sigue sin fecha de convocatoria. Es más, podría no tenerla hasta que se resuelvan algunas de las cuestiones legales que hay sobre la mesa relacionadas sobre quién tiene que presidir la misma y de qué forma tiene que estar constituida. El último capítulo ha sido un nuevo informe del secretario municipal del Ayuntamiento de Benidorm que ha puesto sobre la mesa cuál es el siguiente paso a tomar: revocar y dejar sin efecto el inciso inicial que designa al presidente y vicepresidente de la misma y volver a convocar un pleno.

Cabe recordar que esta comisión de investigación nace a petición de la oposición tras la «desaparición y ocultación» de documentos» del expediente de la estación de autobuses después del descubrimiento de un «papelito» firmado por Enrique Ortiz relativo a este asunto y que apareció en uno de los armarios del área de Intervención. El pasado 29 de octubre, el pleno aprobó un acuerdo en el que se nombraba presidente y vicepresidente de la comisión de investigación al portavoz socialista Rubén Martínez y al portavoz adjunto de Cs Juan Balastegui, respectivamente.

Durante la sesión, el secretario ya advirtió de la nulidad de dicho acuerdo y lo volvió a hacer por escrito el pasado día 30 en otro informe, al indicar que el presidente de cualquier comisión ha de ser el alcalde porque así lo establece la ley, salvo que éste delegue la competencia. Solo un día después, PSOE, Cs, Liberales y Compromís presentaron un escrito al secretario municipal donde pedían al alto cargo del Ayuntamiento que les pusiera sobre la mesa la hoja de ruta a cumplir a partir de ese momento. Y así ha sido, solo que quizá el resultado no ha sido el que esperaban.

En un nuevo informe con fecha de ayer y al que ha tenido acceso este diario, el secretario reitera cada uno de los argumentos que hasta ahora había dado y la ilegalidad del acuerdo tomado que daba el control de la comisión a la oposición. Así, se muestra más contundente y recalca que el retraso de la puesta en marcha de la citada comisión solo obedece «al empecinamiento en incumplir la ley y los reiterados informes de esta Secretaría» por parte de los cuatro grupos de la oposición.

Un acuerdo en vigor

En su escrito además recuerda que el acuerdo plenario del 29 de octubre «está en vigor independientemente de su validez» en el apartado segundo, el que normaba al presidente y vicepresidente; sí sería válido el acuerdo 1 y 3 del mismo. Pero tiene una advertencia: el ejercicio de las facultades de presidente y vicepresidente mediante actos ejecutivos de los cargos «constituirían también actos nulos y viciados por contaminación de la legalidad».

El secretario apunta que la «única ruta» a seguir es la acordada en los plenos del 5 de octubre, cuando se creó la citada comisión de investigación, y la parte no ilegal del acuerdo del pasado día 29.

Así que con estas cuestiones sobre la mesa, para el alto representante «solo cabe la revocación de los nombramientos de presidente y vicepresidente» y poner en marcha la comisión «cuanto antes y con la celeridad que el asunto requiere».

Para ello, se debe convocar «un pleno extraordinario» o «esperar al ordinario del mes de noviembre» para que se acuerde «revocar y dejar sin efecto» el acuerdo que designaba la presidencia y vicepresidencia del órgano creado. Ahora habrá que esperar a ver qué postura toma tanto la oposición como el gobierno local. Así que con este nuevo informe, la comisión de investigación prácticamente vuelve al punto de partida en el que estaba hace unos días: sin fecha de convocatoria.