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Benidorm

El PP pide dos meses para investigar la desaparición de documentos de La Estación

La propuesta para la comisión sobre la ocultación de papeles como el que apareció firmado por Ortiz se debatirá en pleno

La estación de autobuses de Benidorm todavía está en manos de Ortiz.

Dos meses. Ese es el tiempo en el que el equipo de gobierno de Benidorm -PP y CBM- quiere dedicar como máximo a investigar la «desaparición y ocultación» de documentos ligados a uno de los expedientes más controvertidos que atesora el Ayuntamiento de la ciudad turística, el de la estación de autobuses. Así lo detalló el ejecutivo en una propuesta, a la que tuvo acceso este diario, tras ser dictaminada ayer por los grupos políticos de la Corporación para ser debatida en el pleno que se celebrara el próximo lunes.

Como se recordará, la desaparición de un documento ligado a la estación de autobuses de Benidorm que fue hallado dentro de un armario cerrado con llave, en el área de Intervención, bautizado como el de «las cosas raras» por el propio responsable de este departamento fue la mecha que prendió la llama de la Comisión Especial sobre el citado expediente, que está pendiente de creación. El «papelito» en cuestión recogía el compromiso del empresario Enrique Ortiz a renunciar al pago de indemnización alguna por parte del Ayuntamiento si llegara a rescindirse el contrato de la citada infraestructura, a través del cual el polémico constructor tenía en sus manos la gestión de la terminal de la ciudad turística. A cambio, Ortiz aceptaba que la nueva empresa concesionaria fuera quien le abonese la cantidad oportuna si ese supuesto llegaba a producirse. El escrito fue sellado en 2008, hace una década.

Diez años después

Volvamos al momento actual. Septiembre de 2018. El Ayuntamiento de Benidorm articula desde hace años una solución para dar salida a la estación de autobuses, que sigue en manos de Ortiz a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo obliga, desde hace un lustro, a rescindir el contrato con el constructor y adjudicar de nuevo la estación. En el desarrollo de las reuniones sobre este tema la cuestión de la indemnización sigue siendo un foco de conflicto. De ahí que el grupo municipal Ciudadanos (Cs) llegue a pedir el «papelito» donde Ortiz manifiesta su compromiso, pero el documento no aparece. Diez días más tarde, el escrito es encontrado en un armario cerrado bajo llave. Al menos una de las copias del mismo. Un punto que aún no está claro.

Toda esta rocambolesca historia llevó a pensar a la oposición que más documentos ligados al expediente de la estación puedan estar en paradero desconocido. De ahí que en el último pleno extraordinario, celebrado el pasado 5 de octubre, solicitaran la creación de una Comisión Especial sobre «el expediente de la Estación de Autobuses y la desaparición y ocultación de documentos en el mismo», que se aprobó por mayoría.

Se trata de un órgano que debe ser constituido en base a unas condiciones aprobadas en pleno y, en ese punto, se encuentra ahora el Ayuntamiento. El gobierno de Benidorm -PP y CBM- quiere poner en marcha cuanto antes la Comisión Especial de la estación, como apuntó el portavoz de gobierno, José Ramón González de Zárate.

De ahí que los populares llevaran a las dos últimas Juntas de Portavoces celebradas en el Ayuntamiento el asunto de la Comisión Especial, con el fin de determinar los criterios de su creación. «Los grupos de la oposoción no se han pronunciado. Por ello, finalmente, el alcalde ha elaborado su propia propuesta para este órgano con el fin de poder aprobarlo en pleno», señaló ayer González de Zárate, quien insistió en que desde el ejecutivo «no se quiere demorar más esta cuestión».

Criterios sugeridos

Así las cosas, el documento fue dictaminado ayer por los grupos políticos y solo contó con el apoyo favorable de los grupos del gobierno, mientras que la oposición se abstuvo durante esta votación. Entre otras cosas, la propuesta del ejecutivo sugiere celebrar dos reuniones semanales durante dos meses dentro de esta Comisión Especial de la estación que se creará «ad hoc» y en la que intervendrán los 25 ediles sin retribución alguna, siempre según los criterios diseñados por el gobierno, que se someterán a debate el próximo lunes durante el pleno.

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