"Esto es la guerra y nos quieren exterminar". Así de contundente se ha manifestado esta mañana el presidente de la patronal del alquiler vacacional de la Costa Blanca, Miguel Ángel Sotillos, durante la mesa redonda sobre la nueva legislación autonómica de Turismo que se ha celebrado en el IV Congreso de Apartamentos y Viviendas Turísticas, que se celebra durante toda la jornada en el salón de actos del Ayuntamiento de Benidorm.
Al encuentro asisten representantes de las principales patronales del alquiler vacacional de todo el país y tiene como objetivo valorar el impacto de las viviendas turísticas en la economía así como su futuro ante los cambios regulatorios. Y, como no podía ser de otra manera, la nueva Ley de Turismo que ha impulsado el gobierno valenciano del PSOE y Compromís ha sido uno de los grandes focos en torno a los que ha girado el debate.
Como se recordará, esta normativa deja en manos de los ayuntamiento el alta de nuevos apartamentos vacacionales al registro de Turismo. Así, son las concejalías de Urbanismo los que deben emitir un certificado de compatibilidad urbanística para tramitar las incorporaciones.
Un cambio que ha frenado el crecimiento de este sector ya que, en muchos casos, los propios consistorio no saben cómo deben actuar ante este nuevo trámite. De hecho, el número de inmuebles registrados en los último meses, desde que entrara en vigor la nueva legislación, ha bajado significativamente.
Por todo ello, las cabezas de mando de las principales patronales del alquiler turístico en la Comunidad Valenciana han debatido sobre qué vías tiene el sector para hacer frente a la nueva normativa durante la jornada de hoy en la que, además, también se analizarán los resultados de la campaña de Turismo "be legal my friend" que tiene como objetivo formentar las reservas entre el alquiler legal.
Entre otras conclusiones, el alquiler turístico plantea acudir a la vía judicial para levantar el pie del freno en el crecimiento del sector.
La directora general de Turismo, Raquel Huete, número dos del secretario autonómico Francesc Colomer, impulsor de la nueva Ley, ha querido resaltar durante la inauguración del Congreso "el gran compromiso del Consell para luchar contra la oferta ilegal de apartamentos turísticos". "las viviendas turísticas suponen un importante activo para la Comunitat", ha resaltado al apuntar que según los datos de este verano, los apartamentos representan más del 60% de las pernoctaciones que se realizan en el conjunto de la oferta extrahotelera de la Comunidad.
Para Huete, "desde las administraciones públicas debemos poner en marcha las medidas necesarias para que la oferta de viviendas turísticas de la Comunitat tengan todas las garantías de calidad para los usuarios, por ello desde Turismo hemos actuado para luchar contra la oferta ilegal y el intrusismo en el sector turístico". En este sentido, ha querido agradecer también el apoyo de estas entidades "a la profesionalización de la prestación del servicio de alojamiento y su colaboración contra la oferta ilegal en campañas, como la realizada con Fevitur, así como no comercializando oferta que no cumpla estrictamente con la legalidad".
En esta línea, Huete ha recordado que "entre las actuaciones que hemos puesto en marcha para luchar contra la oferta ilegal destaca nuestra campaña de inspección, que se ha visto reforzada con la colaboración de la Policía Autonómica y la Local, o los expedientes sancionadores abiertos a las grandes plataformas de comercialización que no cumplen con la obligación de publicar el número de registro en sus ofertas". Además, ha resaltado que "debemos continuar trabajando en esta lucha contra la economía sumergida, por ello desde Turisme seguiremos instruyendo expedientes como estamos haciendo ya contra las grandes plataformas que incumplen las normas" y ha recordado que la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad "multiplica por 20 las sanciones".
Respecto a la compatibilidad urbanística que deben expedir los ayuntamientos para registrar nuevos alojamientos turísticos, Raquel Huete ha recalcado que "se trata de establecer fórmulas de coordinación, que permitan que tanto ayuntamientos como Generalitat compartamos información para poder registrar las nuevas viviendas turísticas" y ha añadido que "los ayuntamientos deben ser conscientes de los espacios en su plan general que se contemplan para el alojamiento turístico y no vivir de espaldas a esta realidad".
Finalmente, ha hecho hincapié en que "esta medida no tiene carácter retroactivo, por lo que no supone ninguna interferencia a las más de 60.000 viviendas que ya se comercializan en la Comunitat Valenciana bajo la más estricta legalidad", al tiempo que ha incidido en que "son muchos los ayuntamientos que ya están otorgando ese informe, por lo que no hemos dejado de dar altas desde la entrada en vigor de la ley".
Por su lado, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha querido también destacar el importante papel de las empresas a las que representan, porque "dais satisfacción". Un sector de demanda que no debería interpretarse como una amenaza para el conjunto de la actividad turista del destino. "Es obvio que nuestra preocupación como administración local, gestores de destino, pasa por lograr el necesario equilibrio en la convivencia entre turistas y residentes, y que hoy está empezando a ponerse en cuestión en algunos destinos, pero no en Benidorm",ha lanzado el primer edil quien ha apostillado que "combatir la turismofobia no pasa por limitar la actividad, sino por proporcionar a los gestores de viviendas turísticas herramientas legales que permitan ejercer el debido control sobre el uso que los clientes hacen de las viviendas".
