Los ayuntamientos de la provincia de Alicante están en pie de guerra contra la regla de gasto que les impide realizar inversiones pese a gozar de unas cuentas saneadas. Una situación paradójica que asfixia a las arcas municipales y congela las actuaciones porque la legislación obliga a pagar primero a los bancos.
«Si no conseguimos eliminar la regla de gasto nos encontramos con la imposibilidad de hacer un presupuesto mínimamente expansivo», se advierte desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que preside el alcalde de Elda, el socialista Rubén Alfaro. Él mismo explica que la consecuencia directa en la Administración local y provincial «es ir cerrando el grifo progresivamente hasta llegar a una situación límite que termina perjudicando a los servicios públicos».
Esta magnitud que el Gobierno central impuso a los municipios a partir de los ajustes propuestos por Bruselas para frenar la crisis, y que se define anualmente el Consejo de Ministros, no permite a los ayuntamientos presupuestar por encima de las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior.
Una medida, en suma, que está desquiciando a las actuales Corporaciones locales, que han visto mermada su capacidad de gastar, ejercicio tras ejercicio, ya que una mala ejecución del presupuesto penaliza al año siguiente en la nueva previsión de cuentas. Una circunstancia que se está viendo agravada por la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos y sus cambios normativos, además de las restricciones presupuestarias que se han producido en los últimos años y la merma en los recursos humanos de carácter municipal. Conclusión: las plantillas y la tasa de reposición están bloqueadas y ahoga a los ayuntamientos.
El primer objetivo de la FVMP pasa por eliminar los condicionantes para invertir superávit porque los consistorios han reducido su deuda drásticamente. Sin embargo deben hacer frente a unos requisitos que dificultan el uso de sus recursos y solo sirven al Gobierno para cuadrar sus cuentas en la contabilidad nacional y contentar a la Unión Europea.
Como se sabe, los ayuntamientos están sometidos a las obligaciones de estabilidad presupuestaria por mandato del Ministerio de Hacienda. El objetivo para las administraciones locales durante los últimos años ha sido alcanzar el déficit cero, lo que implica la autosuficiencia desde el punto de vista presupuestario. Por lo tanto, los gastos deben ser financiados exclusivamente a través de los ingresos corrientes y no se pueden concertar créditos para financiar el gasto corriente. Una restricción que ha llevado a muchos ayuntamientos a generar en los últimos años superávit en sus cuentas con remanentes de tesorería positivos. Pero ese superávit sólo puede ser gastado por la entidad local en amortizar deuda viva del propio Ayuntamiento que la ha contraído en ejercicios anteriores. Y, a fecha 31 diciembre de 2017, los municipios alicantinos todavía acumulaban en su conjunto una deuda viva de 545 millones de euros.
Sólo las administraciones que tienen superávit y que amortizan deuda al ritmo que marca el Ministerio de Hacienda pueden invertir sus sobrantes en Inversiones Financieramente Sostenibles. Son obras que no necesitan una futura partida de mantenimiento en los presupuestos de la entidad, lo que en la mayoría de casos se reduce a obras de mejora, eficiencia y mantenimiento en las instalaciones y espacios públicos que ya cuenta el propio municipio.
Pero para poder disponer de ese superávit el ayuntamiento debe cumplir tres requisitos: no tener deuda o devolverla al ritmo que exige el Ministerio; tener un nivel de endeudamiento por debajo del 75% de los ingresos corrientes de la entidad; lograr un periodo medio de pago a proveedores por debajo de 30 días. Sólo así está disponible el dinero del superávit.
