Algo tan sencillo como encender el televisor cuando un turista llega a una habitación de hotel puede acabar disparando, muy pronto, el precio de sus vacaciones. Tampoco solucionará nada si no pone la tele. El precio subirá igual. Porque es el hecho de tener televisión y no el uso que se le dé lo que «puntúa». Así lo han trasladado los empresarios del sector turístico de Benidorm y la Costa Blanca, que han alzado la voz contra la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que se está debatiendo en el Parlamento y que podría dar vía libre a las entidades de gestión de derechos de autor para elevar y fijar de forma unilateral las tarifas que recaudan para sus asociados. «Hablamos de mucho dinero», aseguran fuentes de la patronal turística Hosbec, que alertan de que esta medida podría llegar a «comprometer la viabilidad futura de este sector tan estratégico para la economía» como es el turismo.
Mucho dinero, pero ¿de cuánto estamos realmente hablando? Un hotel de tamaño medio, con unas 200 habitaciones y categoría cuatro estrellas, abonaría anualmente con la regulación actual entre 20.000 y 25.000 euros en concepto de derechos de autor de contenidos audiovisuales. Esta es la cifra trasladada ayer por la patronal turística, que asegura que, en el caso de que prosperara esta liberalización de tarifas que se plantea, el gasto podría multiplicarse «incluso por diez».
En la actualidad existen ocho entidades distintas que gestionan los derechos de propiedad intelectual, aunque sólo seis afectan directamente al sector hotelero: la SGAE, que representa a los autores de cualquier tipo de creación musical, audiovisual o escrita; AGEDI, que representa a los productores musicales y de videoclips; AIE, para cantantes, intérpretes y ejecutantes; EGEDA, que agrupa a los productores de películas y series de televisión españolas; AISGE, entidad que defiende a los actores y actores de doblaje; y DAMA, una escisión de la SGAE, que cobra por los mismos contenidos que ésta y que agrupa a autores de contenidos audiovisuales de países como España, Reino Unido, Australia, Japón, México, Colombia, Argentina, Canadá o Francia.
Todas ellas tienen derecho a percibir un canon por la difusión de productos audiovisuales en cualquier establecimiento público, desde música ambiente a música de animación, bailes o actuaciones a películas o series que se puedan escuchar o ver por la tele. Y aunque las tarifas pueden gravar a todo tipo de negocios abiertos al público, desde una peluquería a un bar, en el caso de los hoteles los costes se disparan al contabilizarse todas y cada una de las televisiones con las que cuenta el establecimiento, tanto en las zonas comunes como en las habitaciones de uso privado. Se enciendan o no, las usen o no los clientes, al considerar que el simple hecho de tener este aparato en las estancias es equiparable a una actividad de difusión pública.
Regulación
Después de muchos años batallando, primero por la eclosión de distintas entidades de gestión al romperse el monopolio único de la SGAE; después, por las tarifas abusivas que algunas de estas entidades querían cobrar a los hoteles -por ejemplo, los 2 euros por habitación ocupada y día que llegó a plantear en su día EGEDA-, el sector hotelero logró que en 2014 una modificación legal obligara a estas asociaciones a pactar con el sector las tarifas. También permitía que, en el caso de que no hubiera consenso, fuera un árbitro neutral -la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, un organismo independiente creado por el Ministerio de Cultura- el que las cuantificara. «Y esto es lo que se quieren cargar las enmiendas que se están debatiendo ahora en el Congreso con el visto bueno de los principales partidos: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos», denuncia Hosbec.
«Los principales grupos de arco parlamentario español han cedido ante la presión del poderoso lobby de las entidades de gestión sin preocuparse por conocer el impacto y la opinión de los miles de empresas del sector turístico, en su inmensa mayoría pequeñas y medianas empresas, que resultarán directamente perjudicadas por esta reforma», mantienen las mismas fuentes, que censuran que el fin último de la reforma que actualmente se está planteando es «impedir que las empresas turísticas tengan la posibilidad de discutir los precios, en muchas ocasiones abusivos, que les imponen las entidades de gestión y, en caso de discrepancia, confiar en un tercero independiente para que decida el precio».
Los hoteleros aclaran que no se niegan a pagar por la propiedad intelectual: «Eso es algo que el sector hotelero no discute». Pero también mantienen que «la cultura hay que remunerarla con precios equitativos y no con cualquier precio ni con precios fijados unilateralmente por entidades que gozan del completo monopolio en la gestión de sus derechos». De ahí que reclamen a los grupos parlamentarios que reconsideren dichas enmiendas «y se alce la voz en favor de decenas de miles de empresas de hostelería que se han visto obligadas a aceptar abusos a lo largo de muchos lustros».
Repercusión sobre el cliente
El sector afirma que esta posible modificación al alza de los cánones llega «en el peor momento», cuando los «turistas prestados» vuelven a viajar a destinos como Turquía o Egipto, y supone «un riesgo económico para el alojamiento turístico reglado». Lo es porque, a su juicio, esta medida volvería a «favorecer de forma clara y evidente a toda la oferta ilegal en viviendas, que por supuesto tampoco paga canon alguno a ninguna entidad de gestión». Por ello, advierten de que, en el caso de que los partidos no accedan a sus peticiones y acaben dando por buena esta libertad para fijar las tarifas, el perjudicado final va a ser el turista: «Será el consumidor quien lo pague al final, porque al hotel no puede seguir perdiendo dinero y no le quedará otra que subir los precios aunque sea a costa de perder aún más competitividad».
Ni siquiera cabría la posibilidad de retirar los televisores: «Paradójicamente, la ley nos obliga por un lado a tener una tele por habitación. Y, por otro, a pagar por ellas».
