«Acabaremos trabajando en negro». Este fue el mensaje a navegantes lanzado ayer por el presidente de asociación de apartamentos turísticos de la Costa Blanca (Aptur), Miguel Ángel Sotillos, durante el cierre de la asamblea general del presente ejercicio en la que renovó su cargo en la agrupación que engloba a más de medio centenar de empresas dedicadas al alquiler vacacional en la Costa Blanca, con cerca de 30.000 plazas. La patronal aprovechó la cita en Benidorm para poner de manifiesto su malestar a cuenta de las trabas a las que se están viendo obligados a enfrentarse desde el pasado mes de junio para dar de alta nuevas viviendas para uso turístico y que, a juicio de Sotillos, terminará por abocar a muchos pisos a operar fuera de la legalidad.
Hay que tener en cuenta que el alquiler turístico en la Costa Blanca, que aglutina cerca de 44.000 plazas regladas en el litoral alicantino, no está atravesando su mejor momento. A los malos resultados registrados durante esta temporada alta en el que los apartamentos ocuparon solo el 53% de su oferta, llegando a registrar una caída de un 8% respecto al mismo periodo del año anterior, ahora hay que añadirle las trabas con las que se están encontrando las empresas de apartamentos vacacionales para dar de alta nuevos inmuebles en el registro de viviendas de uso turístico. El motivo no es otro que la Ley de Turismo del Consell -aprobado a inicio de este verano- que deja en manos de los ayuntamientos los permisos para crear más apartamentos vacacionales.
Hasta ahora bastaba con cumplir una serie de requisitos para formar parte del listado oficial del Consell de apartamentos turísticos. Sin embargo, ahora la nueva ley autonómica obliga a que estos inmuebles cuenten con un certificado de compatibilidad urbanística para autorizar su inclusión en el registro valenciano. Algo que no es tan fácil de conseguir, como explicó ayer Sotillos. «Hay que modificar los planes generales de los municipios ya que la mayoría son muy antiguos y no se contemplaba la figura del uso turístico de la vivienda», señaló el presidente de Aptur y miembro de la junta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur).
Para muestra un botón. Desde que entrara en vigor la nueva Ley de Turismo autonómica, el pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Benidorm no ha autorizado la creación de ningún piso turístico. En cambio, antes de poner en marcha esta legislación, la capital de la Costa Blanca ha llegado a dar luz verde a un total de 3.500 inmuebles, entre 2016 y 2017, como apuntó ayer el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, durante su intervención en el cierre de la asamblea de Aptur, donde aprovechó para cerrar filas con el sector y lamentar que solo se han permitido la creación de 15 apartamentos vacacionales en toda la Comunidad. «Cuando una norma arroja datos de este tipo, quizás no esté generando los frutos deseados», lanzó el primer edil de Benidorm, quien a su vez consideró que la legislación puesta en marcha desde el Consell ha creado «incertidumbres que son peores que las inquietudes de ayer».
¿Soluciones?
Por todo ello, el presidente de Aptur y miembro de Fevitur solicitó ayer a los ayuntamiento que hagan «interpretaciones subsidiarias» o «modificaciones puntuales» de sus planes generales para dar vía libre al crecimiento de los alquileres turísticos. La patronal del alquiler turístico pidió así a las administraciones locales que levanten el pie del pedal de freno que ha pisado el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, que ayer no asistió a la cita al encontrarse en València participando en la presentación de las primeras jornadas gastronómicas «Menús MadeinCV».
Toni Pérez lamentó su ausencia. «Yo estoy codo con codo con el sector aunque hoy ya tenía otra cita fuera», lanzó el primer edil. Por su parte, Sotillos recalcó que la nueva campaña de concienciación contra el intrusismo -be legal my friend-, puesta en marcha de la mano del Consell, no será del todo efectiva porque «se ha aprobado una ley que nos impide inscribir viviendas».
