La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, que instruye la causa por supuesto enchufismo en el Ayuntamiento de Benidorm durante el mandato del socialista Agustín Navarro, ha ampliado la investigación a otros cuatro funcionarios con puestos de responsabilidad en el departamento de Personal. Así lo recoge una providencia firmada esta misma semana por la magistrada, en la que cita a estos cuatro empleados públicos a declarar acompañados de sus abogados el próximo 23 de noviembre para responder por unos hechos que podrían ser constitutivos de un presunto delito de administración administrativa.
En concreto, la citación como investigados -antes imputados- va dirigida a una técnico de Relaciones Laborales, al jefe de Negociado de Nóminas, la jefa de Negociado de Gestión de Personal y al jefe de Contratación y Gestión de la Seguridad Social, que en la actualidad está ya jubilado. Como ya ha ocurrido con otros investigados en la causa, la imputación de estos cuatro funcionarios se produce meses después de que los tres jefes de negociado declararan en calidad de testigos por estos hechos ante el juez instructor. Tras ello, el sindicato denunciante, el SPPLB, solicitó la imputación de los cuatro trabajadores al considerar que todos ellos tuvieron que participar en los «enchufes» que se investigan «gestionando las altas y bajas de las diferentes contrataciones, preparando y formalizando las nóminas y coordinando como jefes de negociado la gestión administrativa», una petición que ha sido atendida ahora por la magistrada.
Un desfase de 4,5 millones
Los hechos objeto de la causa fueron denunciados en su día por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) y tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010. de los que 43 habrían ido a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido taxativamente incrementar las plantillas para reducir la inmensa deuda que entonces tenían los ayuntamientos. También, por la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios supuestamente afines desde finales de 2009 a 2012, entre otros hechos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario cercano a los 4,5 millones en el capítulo de Personal con respecto a lo que preveía el plan de ajuste municipal.
En la instrucción están también investigados el exalcalde socialista Agustín Navarro, que sigue siendo edil y diputado provincial; los exconcejales Juan Ramón Martínez y Natalia Guijarro, ambos ya retirados de la primera línea política; y la exjefa del departamento de Personal, todos ellos acusados de supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Junto a ellos, también figura en la misma condición el excoordinador de Recursos Humanos, también representante sindical de UGT en el Ayuntamiento y uno de los funcionarios beneficiados en su día por los ascensos que se investigan.
