Benidorm necesita otro pacto con Ortiz para regularizar la estación de autobuses

Dos informes elaborados por los responsables del área de la Secretaría y la Intervención municipal coinciden en que, desde que Ortiz decidió unilateralmente el pasado año dar por roto el convenio suscrito entre él mismo y el Consistorio en 2014, donde ambas partes se comprometían a resolver de mutuo acuerdo el contrato -y que incluía, claro está, una millonaria indemnización para el constructor-, la patata está en el tejado del Ayuntamiento. Y que, por tanto, «la lógica impone que primero se ofrezca al contratista una nueva negociación, luego que acepte el contratista, a continuación restablecer la comisión paritaria, seguidamente fijar los criterios del acuerdo y someterlos al pleno y aceptación de la otra parte (...), previa la emisión de los informes técnicos, jurídicos y económicos», como indica el secretario en sus recomendaciones.

«La solución es sencilla y simple», agrega el técnico. Y ello, a pesar de que el Ayuntamiento debía de haber resuelto esta situación hace más de una década y sigue todavía en el mismo punto de partida. Aunque la voluntad de todas las partes es que esa situación se prolongue por muy poco tiempo.

El funcionario responsable del departamento de Intervención propone en su informe establecer un plazo máximo de dos meses para negociar un acuerdo con Ortiz, una negociación que, según el mismo técnico, éste se habría mostrado dispuesto a aceptar.

Otra de las cosas que apuntan los técnicos es que, una vez alcanzado este acuerdo, deberían iniciarse dos nuevos procedimientos distintos: por un lado, el referente a la liquidación del contrato; por otro, el que recoja los pasos a dar de cara a sacar de nuevo a licitación la explotación de la terminal, que deberá hacerse mediante un concurso público.

Ahora bien, aunque los dos funcionarios coinciden en que el mutuo acuerdo es la única solución para agilizar la regularización y evitar que el proceso se siga demorando en el tiempo con pleitos entre contratista y Administración, hay algunos aspectos en los que secretario e interventor vuelven a no ponerse de acuerdo.

Divergencias

Por un lado, en lo que tiene que ver con quién tendría que asumir la indeminización a la que tendría derecho Ortiz por la construcción de la Estación. En este sentido, cabe recordar que el empresario se adjudicó la gestión de la terminal para recuperar de este modo el dinero invertido en la obra civil, que salió a coste cero para el Ayuntamiento. La rescisión anticipada del contrato -adjudicado en su día por un periodo de 75 años- le generaría el derecho a percibir entorno a 25 millones de indemnización, tanto por la obra inicialmente proyectada como por la construida de más y que ya se le legalizó en 2015. Pero, ¿quién ha de asumir ese dinero? Mientras que el interventor municipal y una auditoría contratada por el Consistorio apuntan a que ha de ser el propio Ayuntamiento quien asuma ese gasto, el secretario es claro al afirmar lo contrario y apostar por que sea la nueva adjudicataria quien corra con la misma: «Que el Ayuntamiento afronte con sus propios recursos el pago de la cantidad total a abonar al concesionario Estación de Autobuses SL es absolutamente evidente que supone un claro perjuicio económico al municipio y sus habitantes», dice el funcionario, que además agrega que es una condición «inaceptable». De ahí que, a su juicio, es la nueva empresa explotadora quien debería asumirla.

Tampoco están de acuerdo en qué año se ha de tomar como referencia para valorar la compensación. Por último, el secretario insiste en que se ha de retirar una cláusula del anterior acuerdo alcanzado con Ortiz, en concreto, la que dice que si la nueva licitación se declarara desierta, la terminal quedaría de nuevo en manos del constructor. A juicio del técnico, en tal caso habría que hacer un nuevo concurso.

El gobierno local ha convocado para hoy una reunión con los portavoces de todos los grupos para consensuar los siguientes pasos.