Las torres de Punta Llisera de Benidorm podrían desaparecer del acantilado donde prácticamente están colgadas. Una sentencia de 2012 ordenó su demolición y el TSJCV la ratificó hace sólo unos meses. Sin embargo, los propietarios y el Consell, a quien el fallo deja la tarea de cargar con el trabajo, no han parado de buscar la fórmula para evitar ese derribo y que los dos edificios de 22 plantas acaben borrándose del mapa.
La historia arranca en 2005 cuando el Consell otorgó la autorización para construir a la promotora Edificaciones Calpe. En 2012, el Tribunal Sipremo declaró ilegal dicho permiso y ordenó la demolición de ambos edificios. Desde entonces, ha tenido lugar un largo periplo judicial que tuvo un punto y seguido más en noviembre de 2017: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenaba el derribo al Consell y le obligaba a hacerse cargo de la indemnización de los 168 propietarios.
La Generalitat y parte de los dueños recurrieron esa decisión, pero el alto tribunal valenciano rechazó sus recursos en febrero de este año. Así que a ambas partes sólo les quedaba acudir al Supremo para intentar paralizar la desaparición de las torres. Según las fuentes consultadas por este diario, ese recurso ante el alto tribunal se presentó en los 30 días de plazo dados por el TSJ en febrero. Así, aún no se habría admitido a trámite, decisión que podría demorarse unos meses y no conocerse hasta final de año, según las mismas fuentes. Si el Supremo decide finalmente escuchar al Consell y los propietarios, el fallo tardaría aún unos meses más.
100 millones para el derribo
Sin embargo, aunque la Generalitat sigue luchando en los tribunales, parece que de su mente no se borra que la sentencia podría ser una realidad y que no le quedaría más remedio que asumir la demolición de estas dos torres denominadas «Gemelos 28». Por ello, en el pleno del Consell del pasado 29 de junio se aprobó la cuenta general de 2017 en la que la Generalitat aumentó de 72 a 100 millones de euros el coste de derribar los dos edifcios de lujo ubicado en el Rincón de Loix de Benidorm. Es decir, que en las previsiones del gobierno autonómico estaría tener que asumir finalmente la demolición. En ella no sólo está el coste del proyecto para echar abajo las torres sino también la indemnización de los propietarios que está fijada en el valor de la vivienda más un 20%, lo que supondría una media de 300.000 euros por piso.
Al derribo de los dos inmuebles de 22 alturas, podría destinarse cerca de 7 millones de euros. Para ello, hay que elaborar un proyecto específico en el que se recojan los pormenores de los trabajos que se prevén complicados, una tarea que ya está en marcha ya que la Conselleria de Vivienda adjudicó el pasado mes de marzo la redacción del mismo a una mercantil.
Y es que, según las fuentes consultadas por este diario, la tarea para hacer desaparecer las dos torres de Punta Llisera tendría que hacerse paso a paso, prácticamente planta por planta, para evitar ocasionar daños en la zona o que los materiales caigan al mar del que los inmuebles están muy cerca. Cuando se derribó el anterior edificio para dar paso a los dos actuales ya se actuó con cautela por las mismas cuestiones.
Con todo, la empresa encargada de plasmar sobre el papel cómo se llevarán a cabo los trabajos ya ha pedido al Ayuntamiento el proyecto de construcción, precisamente, para ver cómo se levantaron y poder establecer los pasos para demolerlas.
Todo ello si el proceso judicial termina en los próximos meses y se rechazan los recurso. Al Consell no le quedaría otra opción más que derribar estas torres situadas en Punta Llisera que desaparecerían del conocido «sky line» de Benidorm.