Nuevo movimiento, ahora en el Congreso de los Diputados, para poner coto a los desmanes que algunos turistas británicos llevan a cabo durante sus vacaciones en Benidorm. Una problemática que viene de lejos y que, durante los últimos días, ha vuelto a saltar a la palestra por los disturbios ocurridos en el barrio del Rincón de Lloix, donde se encuentra la conocida como «zona guiri», a raíz de la participación de Inglaterra en el Mundial de fútbol.
No obstante, en el Ayuntamiento de la capital de la Costa Blanca estos últimos sucesos no han pillado de sorpresa. Así, mientras desde el gobierno local afirmaron, hace unos días, estar buscando formas para cobrar las multas a los visitantes extranjeros que se exceden durante su estancia en la ciudad, ahora el portavoz adjunto del grupo municipal Ciudadanos (Cs), Juan Balastegui, ha dado un paso más allá al trasladarse hasta el Congreso de los Diputados con el fin de hacer llegar la situación al nuevo ejecutivo socialista y reclamar soluciones ante el Ministerio de Turismo, según pudo saber ayer este diario.
En concreto, Balastegui acudió ayer hasta Madrid de la mano de su grupo parlamentario en el Congreso para presentar un requerimiento ante el Gobierno donde se informa de los pormenores a los que día a día las autoridades locales de ciudades turísticas como Benidorm se enfrentan para combatir las conductas incívicas de parte de sus turistas. Así, en el documento al que tuvo acceso ayer este diario, se expone que de nada sirven las ordenanzas que pueda aprobar un gobierno municipal para sancionar este tipo de actitudes si, finalmente, hay una serie de «impedimientos legales que se producen en todos los municipios que disponen de estas normativas a la hora de aplicar sanciones».
Sensación de impunidad
«Estas trabas legales concurren por motivos competenciales y de aplicación y ejecución de las sanciones correspondientes», se expone en el escrito presentado ayer ante el Congreso donde se explica también que los visitantes «conocen perfectamente estos impedimientos, creando una sensación de impunidad para sus acciones». Por todo ello, desde el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) de Benidorm han instado al Gobierno central a ponerse manos a la obra para dar mayor autonomía a las entidades locales dentro de la batalla contra las actitudes incívicas de los turistas.
Degradación del destino
En el escrito también se pregunta a Turismo si tiene intención de poner en marcha algún «plan de contingencia» para frenar este tipo de conductas, así como si tiene previsto el Gobierno dotar de capacidad de acción a las administraciones locales, como Benidorm, para ayudar a frenar estas conductas que degradan los destinos turísticos.
«Hemos reclamado información sobre cómo se van a materializar esas posibles medidas y cuándo, puesto que el principal impedimento para frenar ciertas situaciones es cobrar las sanciones impuestas, lo que genera a estas personas la sensación de que van a quedar impunes», indicó ayer el portavoz adjunto de Cs Benidorm a este periódico, quien insistió en que «la problemática en Benidorm va más allá del mundial». «Sufrimos cada vez más las consecuencias generadas por conductas incívicas, provocadas por personas cuyo fin es visitar la ciudad para celebrar fiestas de diversa índole, como son despedidas de soltería, tendencia que unida a la predisposición de determinados turista a pasar sus vacaciones bebiendo lleva a molestias, descontrol y sensación de inseguridad para residentes y turistas», zanjó Balastegui.
El Ayuntamiento de Benidorm está culminando la redacción de una ordenanza cívica contra estas conductas, cuyo trámite ha avivado las dudas sobre las trabas legales a las que se enfrentan las autoridades locales en esta lucha.
