La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, que instruye en la ciudad la causa relacionada con la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE, ha incrementado la lista de investigados, en la que ya figuraban el exalcalde socialista Agustín Navarro; la exconcejal de Contratación Mariola Fluviá; el funcionario responsable de este departamento; y los empresarios Carlos Bisquert Martínez y Alberto Gomar Pascual, este último, responsable de la agencia de comunicación Crespo Gomar, que organizó las campañas electorales investigadas, y que era socio de Opino Media, la empresa a la que el Navarro adjudicó un jugoso contrato de los «opinómetros» vinculado al Plan E-II de Rodríguez Zapatero. La magistrada interrogó ayer durante cerca de una hora al funcionario responsable del departamento municipal de Estadística, quien fue parte activa en la elaboración de informes y pliegos para la adquisición de estas máquinas para realizar encuestas, y que también compareció ante la juez en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa, al igual que todos los anteriormente citados.
La empresa Crespo Gomar, vinculada a las campañas electorales de Agustín Navarro en 2007 y 20114, se considera por la Policía el presunto epicentro de una trama de financiación ilegal del PSPV de la que se han derivado cuatro causas judiciales distintas, una de ellas, la que investiga supuestas irregularidades en la contratación de los «opinómetros» de Benidorm. En este caso, para esclarecer si hubo trato de favor y si el Ayuntamiento de la ciudad turística le hizo un «traje a medida» a Opinomedia para que fuera la única empresa que optara a aquel jugoso contrato de los 19 «opinómetros», que se adjudicaron por un montante de 230.000 euros, más otros 65.000 en sobrecostes.
Durante su declaración, Francisco Denia, el funcionario responsable de Estadística habría defendido ayer ante la juez que la adjudicación de este contrato se realizó por concurso «público y transparente», pese a que su criterio era el de hacerlo mediante un contrato cerrado «porque era un producto muy exclusivo y que no ofertaba ninguna otra empresa». Según fuentes cercanas a los hechos, el funcionario también habría defendido ante la magistrada que los «opinómetros» fueron «una gran herramienta de participación ciudadana», a pesar de que los mismos sólo funcionaron para este fin un año y después la mayoría quedaron en desuso o fueron reconvertidos en «cajeros» para pagar tasas municipales.
Testimonio a un perito
Antes del interrogatorio al funcionario, la juez también tomó declaración en calidad de testigo a uno de los peritos de la Intervención Regional de Hacienda de València, autor del informe en el que se basa parte de esta investigación. Asimismo, desde el juzgado también se ha reclamado al Ayuntamiento una relación de todos los contratos adjudicados a la mercantil Opinomedia entre los años 2009 y 2011.
