Delfines, rorcuales y cachalotes, algunos de los cetáceos que habitan en el Mediterráneo, contarán con un área marítima protegida de 46.000 kilómetros cuadrados entre la Comunidad Valenciana, Cataluña y las islas Baleares, en el que estarán a salvo de ruidos provocados por la actividad humana y de nuevas prospecciones de explotación petrolera. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, por el que se declara Área Marina Protegida (AMP) el corredor mediterráneo de migración de cetáceos.

Asimismo, se aprobó un régimen de protección preventiva para su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), en el marco del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación en el marco del Convenio de Barcelona. El objetivo es «proteger de los efectos que se asocian al ruido submarino» a la gran diversidad de especies de cetáceos (rorcual común, cachalote, delfín mular, delfín listado, delfín común o el calderón gris) y tortugas marinas que usan la zona como paso migratorio hacia sus áreas de cría y alimentación. Por lo que, para garantizar la conservación de la fauna marina, el decreto prohibirá sistemas destinados a la investigación geológica subterránea mediante sondas, aire comprimido, explosiones controladas o perforación subterránea, además de cualquier actividad extractiva de hidrocarburos, salvo las relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor.

«Los cetáceos necesitan espacios en los que poder reproducirse, crecer, desarrollar una vida adulta en plenas condiciones de salud y esta declaración que se aprueba hoy va a permitir que puedan hacerlo en total libertad», apuntó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Con esta nueva área, España se acerca al 13 % de sus aguas marinas preservadas, por encima de la meta del 10 % fijada por la Convención de la Biodiversidad de la ONU para 2020. Estas medidas se mantendrán hasta la aprobación del plan de gestión, para cuya elaboración se abre un plazo máximo de tres años desde el momento en que este espacio marino sea incluido en la Lista ZEPIM.