El Tribunal Supremo ha anulado el decreto con el que la Generalitat aprobó en 2013 el Catálogo del Sistema Viario de la Comunitat Valenciana, al considerar que «vulnera normas estatales y autonómicas, por no incluir la memoria económica». El Catálogo del Sistema Viario supuso hace años la transferencia a municipios como Benidorm de kilómetros de carreteras, caminos y travesías que dependían de la Generalitat. A partir de ese momento, su nueva señalización y mantenimiento pasaban a ser competencia local.

El TS estima ahora un recurso del Ayuntamiento de Benidorm, que calculó en 1,7 millones de euros anuales lo que le costaría el mantenimiento de una de las carreteras que le asignaba el catálogo (el vial 7673 Accesos Terra Mítica), según la sentencia del pasado 7 de mayo, tal y como ha informado el alto tribunal. El Supremo anula el decreto y revoca la sentencia del TSJCV, de 30 de junio de 2015, que desestimó la pretensión de nulidad formulada por Benidorm, aunque estimó la petición subsidiaria del consistorio de anular la cesión del vial que da acceso al parque temático. Ahora, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del TS ha revocado el fallo del TSJCV al determinar que el catálogo debía incorporar una memoria económica que pueda considerarse suficiente. Para el alto tribunal, ese requisito no se cumple, contrariamente a lo que mantenía la administración autonómica, con la elaboración de un informe previo que descartaba un incremento del gasto público de la Generalitat por la aprobación del listado. «No es bastante porque una cosa es que la mera aprobación del catálogo no suponga un incremento inmediato de gasto para la Generalitat y otra bien diferente que la cesión de la titularidad de una carretera al Ayuntamiento de Benidorm no pudiera comportar gasto alguno», señalan los magistrados.

El fallo recuerda que la cesión efectiva de las competencias sobre esa carretera a la corporación local implica «responsabilidades en materia de conservación y explotación» a partir de la entrada en vigor del decreto. De hecho, la propia norma anulada prevé esa generación de gasto y establece la retirada de señales en algunos tramos, su sustitución por otros y la instalación de hitos laterales, entre otras medidas.