El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha prorrogado otros doce meses más la investigación de las supuestas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de la ciudad durante el mandato del socialista Agustín Navarro. El magistrado atiende de esta forma la petición formulada por la acusación y por el Ministerio Fiscal para proceder a dicha prórroga para poder practicar las pruebas pendientes.
En la causa, que como ha venido publicando este diario se inició en 2013 a raíz de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB), están siendo investigados el exalcalde Navarro, el exconcejal de Recursos Humanos Juan Ramón Martínez y la exedil de Hacienda Natalia Guijarro. A todos ellos se les imputan presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales. Igualmente, se investiga también al excoordinador de Recursos Humanos, Daniel Caneiro, y a la exjefa de Personal, Carmen Navarro.
Los hechos denunciados tienen que ver con la firma de 130 contrataciones temporales en el año 2010, de las cuales, según el SPPLB, 43 habrían ido a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE. Y ello a pesar de que el Gobierno central había prohibido taxativamente incrementar las plantillas municipales como medida para reducir la deuda.
El juzgado también investiga la concesión de complementos de productividad y gratificaciones a funcionarios afines entre 2009 y 2012. La suma de todo ello generó un desajuste presupuestario de unos 4,5 millones de euros en el capítulo de Personal con respecto a lo previsto en el Plan de Ajuste, tal y como expuso en varios informes en su día en el interventor municipal.
El nuevo auto tiene fecha del 25 de abril, por lo que la instrucción debería finalizar antes del 25 de abril de 2019. No obstante, el juez deja abierta la posibilidad de una prórroga más por igual plazo o uno inferior a instancia del fiscal.
A esta investigación se suma ahora una segunda causa abierta contra el exalcalde Agustín Navarro, que el próximo 14 de junio declarará por otro presunto delito de prevaricación, en este caso relacionado con la adjudicación de los «opinómetros» a una empresa vinculada a las campañas electorales del PSOE en 2007 y 2011. En ella también están imputados la exconcejal socialista Mariola Fluviá, un funcionario y los dos socios de la empresa Opinomedia, entre ellos Alberto Gomar.
