Hacía casi un lustro que el sector provincial de la hostelería no se veía en una situación como la actual. Las cinco asociaciones empresariales que conforman la patronal y el sindicato UGT tendrán que sentarse el próximo mes de junio ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para participar en el acto de conciliación convocado por el tribunal tras la demanda presentada por Comisiones Obreras contra el convenio provincial de este colectivo, que regula las condiciones laborales de más de 40.000 trabajadores de la provincia.
Como ya avanzó ayer este diario, el sindicato Comisiones Obreras, que no accedió a firmar el documento, ha impugnado distintas partes del texto y exige que, entre otras cuestiones, se retire del mismo el articulado que permite la subcontratación de trabajadores externos para realizar muchas de las actividades «nucleares» de los hoteles; principalmente, la limpieza y otras tareas propias de las camareras de piso, pero también de departamentos como los de recepción o restauración. A juicio de CC OO, la externalización de estos servicios, que no se regula en el convenio si no que se reduce a exigir que las subcontratas apliquen a sus trabajadoras los mismos salarios que perciben las de las plantillas de los hoteles, representa una «importante merma» de derechos para este colectivo.
Esta opinión, sin embargo, no es en absoluto compartida por la patronal. Fuentes de la asociación empresarial de hostelería de referencia en la Comunidad, Hosbec, defendieron ayer que la subcontratación de las llamadas «kellys» es totalmente legal y que, en el caso de que el convenio hubiera puesto coto o prohibido esta práctica, «sí se habría vulnerado la ley». Las mismas fuentes explicaron que «una prohibición expresa de la externalización de servicios estaría conculcando la normativa sobre libertad empresarial, y abriría la puerta a que fueran las empresas de servicios las que podrían impugnar el convenio y ver vulnerados sus derechos».
Retrasos en la aplicación
En el mismo sentido, desde la patronal hotelera con sede en Benidorm también recordaron ayer que el actual convenio, firmado a finales de junio del pasado año, «fue revisado con lupa punto por punto por la autoridad laboral y, de hecho, tuvo un importante retraso, a nuestro juicio injustificado, a la hora de aplicarse». Por eso, consideraron que «si ha pasado todos los filtros legales, no ha lugar ahora esa impugnación por parte de Comisiones Obreras, cuando desde Trabajo se ha aprobado y se nos ha dicho que es todo perfectamente legal».
La penúltima impugnación
La última vez hasta la fecha en la que un convenio sectorial de hostelería llegó a los tribunales fue en el año 1995. Entonces, también fue el mismo sindicato que en esta ocasión, Comisiones Obreras, quien llevó el texto ante el TSJ, aunque por razones que nada tienen que ver con las actuales: hace trece años, el fantasma de la externalización no sobrevolaba ni de lejos al sector de la hostelería, dado que, como denuncian «kellys» y sindicatos, es fruto de las últimas reformas laborales.
Entonces, el caballo de batalla que motivó la demanda fue la propuesta de la patronal de suprimir las pagas por antigüedad. Desde Hosbec recordaron ayer que aquella impugnación acabó archivada por los tribunales y auguraron que lo mismo ocurrirá ahora.
