La plaza de toros de Benidorm no podrá albergar grandes eventos, al menos hasta que se determinen los posibles daños estructurales que puedan existir, tanto en el propio coso como en los conservatorios de música y danza ubicados en los bajos del edificio.
La mala situación del recinto ha obligado incluso a trasladar a otro lugar el concierto del artista Raphael, previsto para el día 15 de septiembre en la plaza de toros. Fuentes municipales admitieron que la empresa organizadora ya conoce que el evento se tendrá que realizar en el Auditorio Julio Iglesias del Parque de L'Aigüera o, en el caso de contar con más asistencia, en el campo de fútbol de Foietes.
Hace mes y medio, el edil responsable de la plaza de toros confirmó a INFORMACIÓN que el Ayuntamiento estaba trabajando en una serie de mejoras, con el objetivo de albergar más espectáculos. Ahora, diferentes informes recomendarían un estudio profundo de la situación del recinto, antes de que la plaza pueda albergar eventos.
Según confirmó el portavoz del equipo de gobierno, un técnico municipal, a petición de la Concejalía de la Plaza de Toros, realizó hace un mes una inspección ocular del coso. El trabajador municipal, tras la visita, realizó un informe que obligaba «con urgencia», a contratar estudios con empresas especializadas.
Tras el informe, el equipo de gobierno se puso en contacto con la Universidad de Alicante (UA), que realizó otra inspección, desaconsejando «la celebración de acontecimientos extraordinarios», como conciertos, en la plaza. Todas las conclusiones recomendaban realizar un estudio especializado (con elementos como catas, ultrasonidos, análisis químico de hormigones, estudios geotécnicos, toma de muestras de los aceros de la plaza...) que permitan conocer el estado real del recinto.
Con este fin, el Ayuntamiento ha contratado ya a un laboratorio de ensayos para que efectúen todas las pruebas que aporten «datos reales» del estado de la estructura.
Por otro lado, se ha adjudicado otro contrato menor a la UA con el fin de que analice estos datos y aporte soluciones para reparar el inmueble. Una vez finalizados los dos procesos, el equipo de gobierno estudiará las actuaciones a efectuar para rehabilitar la plaza. Hasta que no se produzca esta rehabilitación, el coso no podrá albergar ningún gran evento, lo cual no impedirá que se desarrolle «con normalidad» la actividad de los conservatorios.
La intención es «poner a punto» el coso, aunque habrá que esperar a las conclusiones de los dos estudios para ver el grado de deterioro de la plaza y el montante a consignar para solucionar posibles incidencias.
Amor acusa al PP de «fraude»
El Grupo Municipal Liberales de Benidorm, tras la aprobación de estos estudios, acusó ayer al PP de «fraude», al tiempo que responsabilizó al alcalde de un supuesto caso de fraccionamiento de contratos. Según la portavoz liberal, Gema Amor, ayer se llevó a Comisión de Hacienda , «sin ningún rubor», esta relación de dos gastos, «con conceptos prácticamente idénticos».
Los gastos, destinados a valorar los daños estructurales del coso benidormense y sus posibles soluciones, obedecerían, según Liberales, a «un nuevo intento de saltarse la ley». Amor insistió en el «absurdo» de que «simultáneamente se contraten los trabajos para el estudio de los posibles daños y, a su vez, ya se conozcan las posibles lesiones».
Liberales anunció que pondría en conocimiento de la Fiscalía estos hechos para su investigación, «ante la más que posible comisión de un delito».
El portavoz del equipo de gobierno, González de Zárate, defendió la legalidad del proceso, que estudiará la situación de la plaza de toros: «Se han hecho las cosas bien, con propuesta, informes y notificación a Intervención». Según detalló el edil, una cosa es el contrato, «que permitirá a un laboratorio de ensayos elaborar un informe sobre la estructura de la plaza», y otra el estudio posterior, encargado a la UA, «que dirá qué soluciones tomar para rehabilitar el coso».
El PP insistió en que un informe de Contratación «deja claro que no hay fraccionamientos» y que existen informes previos a las contrataciones que demuestran que «cumplen la ley».
