El Gobierno británico ha dado otra vuelta de tuerca en su ordenamiento legal para intentar poner coto a las intoxicaciones falsas inventadas por muchos de sus turistas para obtener cuantiosas indemnizaciones, una práctica que en los últimos años ha provocado pérdidas millonarias a los hoteles y contra la que se ha alzado en armas todo el sector. Para ello, el ejecutivo de Theresa May fijará las cuantías máximas que puede reclamar cada turista por una enfermedad contraída durante sus vacaciones en el extranjero, de modo que a los viajeros acabe por no salirles rentable tener que fingir una indisposición y urdir toda una trama legal, a sabiendas de que no obtendrán todo el dinero deseado.
Hasta ahora, la legislación británica no establecía ningún tipo de control sobre estas cuantías, por lo que los touroperadores veían con frecuencia cómo las mismas crecían de forma «desproporcionada» con respecto a los daños reclamados, tal y como reconoció ayer el propio Gobierno de Reino Unido, a través de un comunicado de su Embajada en Madrid. Este vacío legal fue el principal caldo de cultivo para la aparición de todo un abanico de empresas y bufetes especializados en la interposición de este tipo de denuncias, las conocidas como «claim farmers», que en los últimos años se han estado desplazando hasta los destinos vacacionales con mayor presencia de británicos para ayudarles a «construir» falsas intoxicaciones alimentarias y alentarles a reclamar.
Más de 50 millones en pérdidas
Otra de las lagunas de la legislación británica es que deja la carga de la prueba en el establecimiento hotelero. De eso también se han venido aprovechando los bufetes para interponer las reclamaciones, que suelen rondar entre las 4.000 libras si es una intoxicación leve hasta 45.000 en caso de alegar una intoxicación ser muy grave. Desde Hosbec apuntan a que la media de las indemnizaciones reclamadas suele situarse en unas 5.000 libras, una cuantía que permitiría a los turistas recuperar con creces el dinero invertido durante las vacaciones, a costa de la cuenta de beneficios del hotelero.
Porque con estas denuncias gana tanto el bufete como el turista; pierde el touroperador y, sobre todo, pierde el hotel. La primera se encarga de realizar todo el papeleo en Reino Unido, donde la legislación confiere un plazo tres años para interponer la reclamación al touroperador. El mayorista no tiene más remedio que negociar con las «claim farmers» y cerrar, en la mayoría de casos, cuantiosas indemnizaciones por la vía extrajudicial para evitar que el caso llegue a los tribunales. Por último, el mayorista reclama al hotel el dinero correspondiente o deja de ingresarle parte de las plazas contratadas, bajo la amenaza de no volver a trabajar.
En el conjunto del país, las pérdidas que esta práctica habría generado al sector hotelero en los últimos dos años, cuando el número de reclamaciones se ha disparado un 500%, superan los 50 millones de euros.
Mala imagen, viajes más caros
La fiebre de las falsas intoxicaciones alimentarias comenzó a hacerse patente a partir del verano de 2016. Desde entonces, los hoteleros han venido denunciando de manera incesante esta mala praxis. La patronal turística de Benidorm y la Costa Blanca, Hosbec, lideró un frente común con hoteleros de otras zonas del país para forzar al Gobierno británico a reaccionar. Y parece que sus esfuerzos comenzaron a tener recompensa.
La propia primera ministra británica, Theresa May, reconoció su preocupación por el daño a la reputación del Reino Unido en el extranjero por la mala imagen que daban sus turistas y por la posibilidad de que estas prácticas acabaran encareciendo los paquetes vacacionales. Mientras, el embajador británico, Simon Manley, afirmó ayer que el problema de las reclamaciones por enfermedad falsas «ha provocado con razón preocupación en España, y ha tenido un efecto importante en el sector hotelero español. Estas últimas medidas para controlar los costes legales anunciadas por el Gobierno británico, así como los pasos dados a finales del verano pasado, muestran la seriedad con la que nos tomamos este asunto». Igualmente, Manley destacó que casi 19 millones de turistas británicos visitaron España el año pasado y, aunque la gran mayoría no pone reclamaciones falsas, estos nuevos pasos que se van a adoptar «ayudarán a disuadir a los que se puedan sentir tentados».
Forma de proceder
A partir de ahora, para abordar este problema, el Gobierno de Reino Unido ha pedido al Comité de Procedimiento Civil -encargado de fijar las normas relativas a los costes legales-, que estudie trasladar las reclamaciones al régimen de costes fijos recuperables.Así, los touroperadores solo desembolsarían los gastos establecidos según la cuantía de la reclamación y la duración del proceso judicial, pudiendo prever los costes legales y ayudando a estos mayoristas a impugnar por vía judicial las reclamaciones fraudulentas. La intención, según confirmaron ayer, es que estos cambios legales entren en vigor en las próximas semanas, de cara al inicio de la temporada estival.
Desde la patronal hotelera Hosbec aplaudieron ayer esta nueva modificación legal que, unida a varias condenas interpuestas a turistas impostores, creen que puede ser el «golpe definitivo» a esta práctica.
