En 2009, en plena crisis económica, nació en Barcelona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), movimiento que inició su actividad en la Marina Baixa a finales del año 2011 para apoyar y asesorar a personas en situaciones económicas críticas.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, muchas familias no pudieron hacer frente a los pagos de hipotecas y se vieron abocadas, en muchos casos, a perder sus viviendas. Desde la PAH de la comarca afirman que la crisis se utilizó, en algunas ocasiones, «para echar a la gente de sus casas y vulnerar sus derechos»; todo ello sin que los afectados recibieran ninguna protección.

Para garantizar ese derecho a una vivienda «digna y asequible» y luchar contra una ley «injusta y totalmente anómala en Europa», estas plataformas se extendieron por todo el Estado.

Se definen como un movimiento «social, apartidista, asambleario y gratuito», formado por personas afectadas o voluntarios, que asisten a asambleas semanales y realizan diferentes acciones.

En la comarca, según explican, han atendido ya a más de mil familias y han solucionado «cientos de casos» de personas que no podían atender los pagos de su hipoteca, tenían una subasta inminente o no podían pagar un alquiler de mercado. A pesar de que hay personas que llegan a la PAH «angustiadas y avergonzadas», piden a la gente que se informe y solicite ayuda «cuanto antes», pues aseguran que no han tenido ningún caso de desahucio entre las familias que participan activamente en la Plataforma. Desde la entidad comarcal insisten también en que los afectados deben registrar siempre su situación de desamparo, tanto en los ayuntamientos como en organismos de la administración autonómica.

Un desahucio cada 8 minutos

Según datos del Consejo General del Poder Judicial de 2017, en todo el Estado se realizaron más de 60.000 desahucios, casi uno cada 8 minutos. Desde la PAH de la Marina Baixa lamentan que Alicante «sea la tercera provincia con más casos» y alertan que están creciendo los desahucios por impago de alquiler. En el caso concreto de la comarca, se realizaron 447 desahucios en 2017, de los cuales solo el 27,3% fueron a causa de hipotecas. Desde la PAH aclaran que no atienden solo problemas derivados de las ejecuciones hipotecarias, ya que también hay muchas situaciones «de emergencia habitacional o energética».

Entre las acciones que han realizado, destacan el acompañamiento a los afectados para negociar con sus bancos («responsables de la burbuja inmobiliaria y del endeudamiento»), las reivindicaciones a los servicios sociales municipales o la organización de mesas informativas en la calle.

Seguirán reivindicando

La mala situación económica, explican, se agrava con los trabajos precarios, situación «frecuente» en las zonas que viven de la hostelería. La PAH seguirá asesorando y reivindicando «hasta que los ayuntamientos pongan freno a las situaciones de exclusión social, incrementen el parque público de vivienda en alquiler social, medien con los bancos y les responsabilicen, mediante la cesión de viviendas vacías». Todo con el fin de garantizar los suministros básicos a personas en situaciones de emergencia.