El juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha reclamado al ayuntamiento el expediente completo de contratación de los opinómetros, un servicio que fue adjudicado cuando gobernaba Agustín Navarro en 2010 enmarcado en el Plan E y que costaron 300.000 euros. Este juzgado es uno de los que investiga la presunta financiación irregular del PSOE en las campañas de 2007 y 2011 y la petición de esta documentación se incluye dentro de las diligencias previas.
La notificación, a la que ha tenido acceso Efe, llegó al ayuntamiento hace una semana y daba al consistorio un plazo de diez días para la remisión de todo el expediente. Aquel contrato fue adjudicado a la empresa Opino Media SL, de la que era socio Alberto Gomar, que también figuraba en Crespo Gomar SL y que es una de las firmas investigadas. La agencia de comunicación Crespo Gomar se había encargado de la campaña electoral de Agustín Navarro en 2007, aunque no llegó a terminarla.
