«Se acuerda el sobreseimiento provisional». Esta es la conclusión del auto del Juzgado de instrucción número 4 de Benidorm por la que se cierra la causa por la que estaba siendo investigada la concejala del PP de Benidorm, María Jesús Pinto, por supuesta prevaricación por un contrato adjudicado a su supermercado para realizar comprar para el área de Bienestar Social.
El auto judicial, al que ha tenido acceso este diario, indica que «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa», además de que «no existen elementos suficientes que permitan integrar los hechos denunciados en los tipos pretendidos». Contra el auto, de fecha de 27 de marzo, cabía un recurso de reforma ante el juzgado en un plazo de tres días que ya han expirado sin que se haya formulado ninguno.
El PSOE fue el que dio a conocer públicamente estas compras de alimentos para familias sin recursos por parte de la Concejalía de Bienestar Social para la campaña de Navidad de 2016 en el supermercado propiedad de la familia de Pinto, que, sin embargo, es edil de Participación Ciudadana y Consumo.
Tras la comparecencia del portavoz socialista Rubén Martínez, el Observatorio Ciudadano de la Corrupción puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía que abrió una investigación. La concejala acudió el pasado mes de febrero a declarar ante el juez donde se desvinculó del proceso ya que indicó que no intervino y, por tanto, no tuvo nada que ver con la adjudicación de un contrato a su empresa.
Ayer, para dar a conocer el auto, el PP de Benidorm «hizo piña» y acudieron a apoyar a su compañera. La voz la tomó el portavoz José Ramón González de Zárate para explicar qué decía el auto y contestar a meses de acusaciones públicas del PSOE de Benidorm. El edil del PP explicó que desde Fiscalía se ha apuntado que «a la vista de la certificación del secretario del Ayuntamiento, resulta que ninguna de las concejalías que ostenta la investigada participaron en el proceso de contratación», y que del testimonio de una trabajadora social se desprende que «la selección» de la mercantil «se hizo al azar desde Internet, y que la adjudicación a esta empresa se realizó porque les ofreció el presupuesto más económico», una tesis que los populares defendieron desde el minuto cero. i.
«Que pidan perdón»
De Zárate fue rotundo con Martínez: que «pida perdón públicamente porque en política no todo vale». Todo el asunto ha sido «una maniobra» trazada por «un criminal político» como el socialista que «sólo ha querido dañar a una buena persona».
Pero sus palabras fueron también para el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigora: «Que pidan disculpas públicamente y luego, si creen, aunque sea mínimamente en la transparencia, que expliquen a todo el pueblo la supuesta financiación ilegal de sus partidos que, en el caso del PSOE, señala directamente a Benidorm y a este Ayuntamiento en la época de gobierno socialista». Así que el fuego cruzado estaba asegurado.
Fue el edil socialista el que contestó ayer alegando que «nos ratificamos en la denuncia pública que hicimos en su momento» en la que apuntaron que la compra en el supermercado «no es moral ni éticamente aceptable». Así alegaron que aún están «esperando «los informes de Secretaria, Intervención y del técnico de administración general de Contratación en el «caso del fraccionamiento de contratos en tres menores de bolardos, asfaltado y obras a tres empresas del mismo administrador único en la que incluso una tenía como objeto social la cría de caracoles» y que tambíén está investigando la Fiscalía.
