Incrementar la tasa de basura que pagan los hoteles por sus comedores para equiparar el coste a lo que pagan otro tipo de empresas, como oficinas, comercios o restaurantes. Los grupos de la oposición municipal en el Ayuntamiento de Benidorm -PSOE, Ciudadanos, Liberales y Compromís- han presentado al próximo pleno una moción conjunta en la que exigen reactivar la revisión de la ordenanza fiscal número 17, que regula este tributo. La propuesta ya fue aprobada en pleno en diciembre del año 2016, impulsada por los socialistas, pero desde entonces el gobierno local la mantiene bloqueada, tal y como criticaron ayer desde la oposición.

La moción incluye también un acuerdo para que se trabaje y tramiten en paralelo tanto los pliegos de condiciones que regularán el contrato de la recogida de residuos sólidos y la limpieza viaria como la modificación de esta ordenanza fiscal, de modo que siga todo el procedimiento el mismo cauce.

Para ponernos en situación, como ha venido contando este diario, cabe destacar que cualquier ciudadano que disponga de un inmueble destinado a vivienda particular paga anualmente 112,74 euros por la recogida domiciliaria, transporte y eliminación de sus basuras. Para el caso de los negocios, la ordenanza fiscal fija una cuota anual de 803,604 euros para los restaurantes, bares, cafeterías, heladerías, horchaterías y otros asimilados cuya superficie no exceda de los 100 metros cuadrados. Para los mismos establecimientos pero de mayor tamaño, el importe de la tasa se incrementa hasta los 1.136,612, mientras que en el caso de los comedores de hotel o asimilados, independientemente del tamaño que tengan o del número de comensales a los que se dé servicio a diario, se fija un precio único de 379,018 euros, a los que hay que sumar otros 39,896 euros al año por cada habitación. Y ahí, en la tasa establecida para los comedores de hotel, es donde el grupo socialista lleva años poniendo el dedo en la llaga.

No en vano, el PSOE ya intentó llevar a cabo esta propuesta hasta en dos ocasiones cuando gobernaron la ciudad, entre 2009 y 2015, aunque nunca acabó ejecutándola, debido al rechazo que la misma generó en el sector hotelero, el principal motor económico del municipio. En diciembre de 2016, ya en la oposición y valiéndose de la situación de minoría del gobierno local, entonces formado únicamente por el PP, volvieron a resucitarla y lograron que el pleno aprobara su moción por unanimidad, aunque con una petición de los populares para que fuera una comisión quien se encargara de llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre el tema. La única comisión convocada hasta la fecha fue en julio de 2017 y, desde entonces, no se ha avanzado ni un ápice en este asunto, tal y como criticaron ayer desde los distintos grupos.

El portavoz socialista, Rubén Martínez, señaló ayer que «una vez más el PP demuestra su falta de voluntad política, dejadez y desidia a la hora de cumplir acuerdos plenarios», a lo que agregó que «decenas de establecimientos de la ciudad podrían haberse beneficiado ya de la redistribución de la tasa de basura que el PP mantiene bloqueada». Lo mismo afirmó el portavoz de Cs, Rafa Gasent, quien dijo que «no puede ser que una oficina que genera una cantidad mínima de residuos mensuales se compare con un establecimiento hotelero que genera toneladas».

Por su parte, la liberal Gema Amor criticó a los populares por estar «pensando únicamente en el calendario electoral y en las urnas», mientras que el portavoz de Compromís, Josep Bigorra, avanzó que se establecerán unos plazos dentro de la propia moción para que «el binomio PP-CBM no retrase más ni los pliegos ni la modificación de la ordenanza».