Las últimas cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el padrón de los municipios hizo desaparecer de una tacada a 3.000 personas del censo de l'Alfàs del Pi. Ahora, para intentar recuperar esa población y llegar a los 21.964 habitantes, el Ayuntamiento ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el instituto nacional para reclamar que le reconozcan a esos ciudadanos, la mayoría extranjeros.
Ayer mismo el alcalde alfasino, Vicente Arques, firmaba el decreto que será ratificado por el pleno en el que se recoge esta reclamación. Esta medida llega después de que el Consistorio haya agotado otras vías como la de presentar alegaciones nada más conocer esos datos, como ya publicó este diario hace unas semanas. El 95% de éstas fueron admitidas por la Subdelegación del Gobierno de Alicante pero rechazadas en Madrid.
La última actualización del padrón municipal hecha el 31 de diciembre de 2017 dejaba al municipio con 3.100 personas menos exactamente en su censo. Estas cifras provocaron la indignación del Consistorio, entre otras cuestiones, porque con ese número de habitantes, las arcas municipales dejarán de ingresar cerca de 500.000 euros al año de las aportaciones que hace el Estado en función de los habitantes; y, de seguir así la situación, en 2019 perdería cuatro concejales pasando de 21 a 17 ediles.
Con el contencioso, el Ayuntamiento pretende reclamar que le reconozcan esos vecinos y, para ello, cuenta con informes y parámetros que justifican que esas más de 3.000 personas residen oficialmente en el municipio. El portavoz del gobierno alfasino, Toni Such, explicó que los datos sobre consumo de agua, basura, pago de tributos, matriculación de vehículos o certificados, «evidencian la ocupación de las viviendas» y dan «información añadida sobre esos 3.000 residentes que sí están viviendo aquí».
Medida de ahorro
El Ayuntamiento parece tener clara cuál es la razón por la que se ha producido este recorte en el padrón del municipio: «es una medida más de ajuste económico adoptada por el Gobierno central, que no corresponde en absoluto con la realidad demográfica de esta localidad».
Such indicó que la eliminación de estos habitantes «vulnera los intereses de los ciudadanos de diferentes países europeos afincados aquí, no reconociendo su condición de residentes». Así apuntó que «es nuestro deber defender los derechos de los ciudadanos por igual sin distinción, y si somos tan europeos no debemos actuar tan a la ligera». Y es que «esos vecinos viven aquí y pagan sus impuestos aquí».
Con todo, el problema podría venir de la cantidad de extranjeros que tiene empadronados la localidad y que cada año tienen que renovar ese documento. «Cuando un español se da de alta en el censo permanecerá toda su vida, mientras que un extranjero debe de renovar su inscripción periódicamente», un trámite que «hace que muchos eviten el papeleo».
El portavoz del gobierno local añadió que «la reducción de habitantes supondría la eliminación inmediata de algunos servicios públicos obligatorios, que pasarían a depender de otras instituciones como la Diputación, algo difícilmente controlable por la ciudadanía».
