14 de febrero de 2018
14.02.2018

L´Alfàs del Pi pleitea con el INE por 3.000 residentes extranjeros

El Ayuntamiento interpone un contencioso contra el Instituto Nacional de Estadística para que le reconozca un incremento del padrón para alcanzar los 21.964 habitantes

14.02.2018 | 12:38
Celebración en l´Alfàs de la fiesta nacional de Noruega, de donde proviene la mayor colonia de residentes extranjeros de la localidad

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi va a interponer un contencioso contra el Instituto Nacional de Estadística (INE) para reclamar que le reconozca los 3.000 residentes censados que le borró de un plumazo en la última actualización del padrón municipal, fechada el 30 de diciembre de 2017. El procedimiento está en marcha desde esta misma mañana, cuando el alcalde alfasino, el socialista Vicente Arques, ha firmado un decreto autorizando interponer el contencioso, y posteriormente ha convocado la comisión informativa de Hacienda para poder elevar a pleno su ratificación.

La eliminación desde el INE de 3.000 residentes del padrón municipal de l'Alfàs del Pi, se considera por el ejecutivo local "una medida más de ajuste económico", adoptada por el gobierno central, que no corresponde en absoluto con la realidad demográfica de esta localidad. "Entendemos que vulnera los intereses de los ciudadanos de diferentes países europeos afincados aquí, no reconociendo su condición de residentes", ha manifestado el portavoz del gobierno Toni Such, quien ha añadido: "Consideramos que no es un asunto meramente económico, estamos hablando de una reducción de ingresos por habitante, y en toda la legislatura, de 200 euros", argumenta el portavoz del ejecutivo local refiriéndose a la suma de dinero que el municipio dejaría de percibir del gobierno central por esta drástica reducción de vecinos en el padrón. "Es nuestro deber defender, desde el máximo respeto a las instituciones, los derechos de todos los ciudadanos por igual sin distinción, y si somos tan europeos no debemos actuar tan a la ligera, porque estos ajustes económicos pueden salir muy caros, ya que conllevan la eliminación de servicios públicos".

Según datos del propio Ayuntamiento, en l´Alfàs del Pi están empadronados 21.964 habitantes "y es lo que queremos se reconozca desde el INE, sencillamente porque esos vecinos viven aquí y pagan sus impuestos aquí", mantiene el portavoz socialista. Se da la circunstancia de que el 50% de los empadronados son residentes extranjeros. Cuando un español se da de alta en el censo permanecerá toda su vida, mientras que un extranjero debe de renovar su inscripción periódicamente. Un trámite que "hace que muchos eviten el papeleo, y eso se sabe perfectamente desde la Administración", agrega. "De hecho las cifras siempre son superiores a las que constan, por eso no podemos permitir se reduzcan más", mantiene Such.

Desde el Ayuntamiento alegan que los datos sobre consumo de agua, basura, pago de tributos, matriculación de vehículos, certificados, "evidencian la ocupación de las viviendas, en definitiva información añadida sobre esos 3.000 residentes que si están viviendo aquí". Para poblaciones como l´Alfàs estas medidas "supuestamente adoptadas para ahorrar, perjudican a municipios como el nuestro con un claro carácter europeísta, discriminan a unos pueblos respecto a otros, e ignoran la realidad de l´Alfàs", a lo que añaden que "la reducción de habitantes supondría la eliminación inmediata de servicios públicos obligatorios, que pasarían a depender de otras instituciones como la Diputación, algo difícilmente controlable por la ciudadanía".

Such explica que la documentación aportada por el Consistorio, sí que ha sido en una primera etapa aceptada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante, mientras que es al llegar a Madrid cuando no se ha validado ni tenido en cuenta. "No comprendemos el motivo, y solicitamos una rectificación reconociendo la realidad demográfica, avalada por la documentación presentada por este Consistorio", apostilla el portavoz del gobierno municipal. Por este motivo, el PSOE ha acordado la presentación de un contencioso contra la resolución adoptada por el INE, que será ratificado en el pleno para "atender adecuadamente las necesidades que correspondan ante los Tribunales y Juzgados competentes".

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