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El turismo más opaco empieza a ver la luz

Las inspecciones y campañas contra los alquileres no reglados logran aflorar en la provincia 23.000 viviendas turísticas en cuatro años

El turismo más opaco empieza a ver la luz

La presión de los empresarios turísticos contra la oferta del alquiler no reglado -al que consideran el culpable de todos sus males- y las campañas e inspecciones llevadas a cabo por la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) como respuesta a estas presiones han hecho aflorar en la provincia, en los últimos cuatro años, cerca de 23.000 viviendas vacacionales que se arrendaban fuera de todo control por parte de la Administración. La cifra sigue representando una parte muy, muy pequeña de la tarta en la que se divide este sector -que se estima en más de 500.000 plazas frente a las cerca de 150.000 dadas de alta-, pero para la Administración turística representa, al menos, un antes y un después en su lucha contra la economía sumergida en el segmento del apartamento vacacional.

Las altas tramitadas por el Consell durante los últimos años han crecido de manera exponencial y han tenido a la provincia de Alicante a la cabeza en cuanto a legalización de pisos turísticos. En concreto, 22.696 entre 2014 y 2017, con este último año como el de mejores resultados, al alcanzar los 10.300 registros. Frente a estos datos, la provincia de Valencia tan sólo logró incrementar su censo de viviendas turísticas «legales» en 7.959 durante los últimos cuatro años, a pesar del fuerte tirón de la propia capital como destino urbano, un mercado donde el alquiler de apartamentos en los grandes portales de la llamada «economía colaborativa» tiene un filón; mientras que en Castellón apenas se registraron en el mismo periodo 7.449 altas.

Si la provincia tiró del carro a nivel autonómico, Torrevieja hizo lo propio dentro del ámbito provincial. De hecho, sólo esta localidad de la Vega Baja aglutinó el pasado año una de cada diez inscripciones, con un total de 1.355 altas a lo largo de todo 2017. Alicante, con 1.018, se situó en segundo lugar, mientras que Santa Pola -con 397-, Xàbia 579- y Benidorm -710- estuvieron a la cola en el número de registros formulados en la provincia, según la estadística que maneja la Secretaría Autonómica de Turismo de la Generalitat, a cuyo frente está Francesc Colomer.

La sombra de la «turismofobia»

El sector de los apartamentos turísticos no reglados ha sido en los últimos tiempos foco de feroces críticas por parte de hoteleros, gestores de apartamentos regularizados y, también, de los propios representantes turísticos. Por un lado, por representar un mercado que sólo genera beneficios a unos pocos -los propietarios de cada vivienda que se alquila con fines turísticos- y que, además, provoca un importante desvío de clientes desde la oferta reglada, que, a diferencia de la anterior, sí paga impuestos y genera empleo.

Ahora bien, aunque históricamente ésta ha sido el argumento principal para reclamar acciones contra este mercado, el alquiler de pisos a turistas también ha dado origen en los últimos tiempos en muchos destinos a la llamada «turismofobia», poniendo a los residentes de muchos barrios en pie de guerra contra los propios turistas.

Y todo ello, a pesar de que el alquiler de pisos para pasar las vacaciones es una de las formas de alojamiento que más está creciendo. Como ha publicado esta misma semana este diario, la Costa Blanca es ya el cuarto destino español con mayor número de turistas que optan por esta modalidad. Así lo hicieron 1,4 millones de visitantes a lo largo de todo 2017, un 10% más que en 2016, y sólo tomando como base la oferta reglada, sin contar los viajeros que acabaron hospedándose en un piso fuera del control de la Administración.

De todos ellos, según el INE, Benidorm albergó 424.668 turistas, que realizaron cerca de 3 millones de pernoctaciones en los 19.773 apartamentos reglados en la ciudad, una cifra que representan unas 93.000 plazas frente a las cerca de 40.000 camas de hotel.

Para continuar aflorando plazas sin regularizar, Turismo tiene previsto destinar este año 55.000 euros a la contratación de personal externo que se dedique a inspeccionar apartamentos y paliar así la falta de funcionarios dedicados a esta labor. Además, la nueva Ley del Turismo también prevé elevar hasta los 600.000 euros las sanciones a los alquileres sumergidos.

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