Revés judicial para Benidorm. Los tribunales han vuelto a fallar a favor de los vecinos en el último frente abierto entre el Ayuntamiento y los residentes de la subzona C, un barrio de la ciudad turística cuya urbanización ha sido objeto de polémica desde hace años. Así las cosas, cinco afectados ya han conseguido que la juez les dé la razón y obligue a la Administración local benidormense a revisar el proceso a través del cual se fijaron las liquidaciones definitivas de las contribuciones giradas a cerca de un centenar de personas por desarrollar las calles de esta parte de la capital de la Costa Blanca. Un estudio que ya solicitaron los vecinos de forma previa ante el Consistorio pero que el gobierno local rechazó ya que, según los informes de los técnicos municipales, carecía de fundamento. Algo que, ahora, ha quedado desmontado, según el criterio que esgrime la titular de un juzgado ordinario de Alicante en los primeros cinco fallos emitidos dentro de la cruzada abierta de nuevo por 50 propietarios.
Así las cosas, el gobierno de Benidorm manifestó ayer, durante una Junta de Portavoces, su intención de dar marcha atrás e iniciar la revisión del proyecto de urbanización de la subzona C después de que el pasado mes de febrero no se admitiera esta misma solicitud en pleno. Por ello, el alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, firmará un decreto «para iniciar el proceso de dejar sin efecto el acuerdo plenario de 27 de febrero, por el que no se admitió a trámite la revisión de oficio de las liquidaciones solicitadas por los vecinos, y que es justamente lo que ahora marca la sentencia que habría que hacer», como informó ayer a través de un comunicado.
Cabe destacar que el Ayuntamiento deberá pagar las costas de los cinco procedimientos que ya han fallado a favor de los vecinos. Un importe que podría elevarse notablemente si se tiene en cuenta que se han presentado cerca de medio centenar de recursos que, en caso de que sigan el mismo sentido que los ya citados, podría obligar a las arcas municipales a enfrentarse a un importante desembolso, entre costas judiciales, devolución de tasas e intereses. De ahí que, en parte, el gobierno local haya decidido recular para aminorar gastos.
Pero ahí no queda la cosa. El Ayuntamiento también va a solicitar una aclaración de la sentencia a la vista de que los primeros cinco fallos anulan las liquidaciones definitivas giradas a estos propietarios, pero al mismo tiempo instan al Ayuntamiento a que revise de oficio todo el procedimiento de liquidación. «Creemos que estas dos decisiones pueden ser contradictorias y por eso queremos que los tribunales nos clarifiquen cómo tenemos que actuar», explicó ayer la portavoz adjunta del gobierno de Benidorm y edil de Urbanismo, la popular Lourdes Caselles.
13 casos sentaron precedente
Más de medio centenar de afectados no habrían pedido la revisión de sus casos si hace ahora dos años el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana no hubiera considerado que 13 de los afectados -aquellos que abonaron contribuciones especiales superiores a 18.000 euros- tenían derecho a recuperar lo pagado por desarrollar sus calles. El hecho de que el proyecto de urbanización careciera de cobertura legal fue el fundamento en el que se apoyo la alta sala para llegar a esta conclusión que abriría la puerta a que el resto de afectados, más de 75 vecinos, solicitaran al Ayuntamiento que volviera a estudiar las liquidaciones giradas.
Finalmente, sólo cerca de medio centenar decidió reabrir la batalla judicial contra el Ayuntamiento de Benidorm y, de momento, ya se han apuntado una primera victoria frente a la Administración local.
