La zona del Montiboli se vendió hace cuatro décadas como un residencial de lujo con todas las comodidades. El problema es que, años después, la zona es un desastre con calles para asfaltar, falta de alumbrado y de servicios básicos después de que la promotora dejara las obras para acabar.Ahora, y tras la oleada de quejas de los vecinos, el Ayuntamiento ha anunciado que va a desprogramar el plan para poder retomarlo. Sólo que a los residentes no les convence del todo cómo se va a hacer y si saldrán bien parados.
Las viviendas afectadas en esta zona suman unas 80 divididas en diferentes parcelas. En septiembre acudieron al Síndic de Greuges a pedir amparo ante la situación que viven. La luz y el agua de sus casas aún es la de obra, por tanto no es ni potable. Pero además, la mayoría de las calles no están ni asfaltadas ni tienen alumbrado público.
Su queja hacía referencia a todas estas cuestiones y que el Ayuntamiento no les daba ninguna solución, según el documento al que ha tenido acceso este diario. Así, el Síndic les respondió que tampoco habían recibido respuesta a esa queja por parte de la administración local.
Reunión con el Ayuntamiento
Los vecinos explican que fue en agosto cuando mantuvieron una reunión con el Ayuntamiento de La Vila en la que se les explicó que había dos opciones para desbloquear la situación: la que ahora han tomado; o bien, hacer una actuación más completa por la que cada vecino podría llegar a pagar 50.000 euros, según las fuentes consultadas por este diario.
Así que parece que el Consistorio ha optado por la primera. En un comunicado explicaron ayer que desbloqueará la urbanización de una parte de este sector al iniciar la caducidad del programa del sector TS-2 Montiboli. Con ello, se podrá empezar a urbanizar y dotar de los servicios básicos que requiere la zona. El suelo, por lo tanto, se desarrollará según lo previsto en el PGOU y no bajo ningún plan especial.
El programa de actuación integrada vigente, del que es agente urbanizador el Ayuntamiento desde el 2004, lleva aprobado desde 1996. La zona está establecida como una única unidad de ejecución y actualmente está construido un 48% del sector y muchos de los inmuebles carecen de certificado de ocupación (antigua cédula de habitabilidad) al no haberse finalizado la urbanización.
La propuesta fue aprobada ayer en comisión informativa e irá a pleno. Una vez se apruebe se dará traslado al Consell para su publicación y se iniciará un periodo de alegaciones.
Pero los residentes sospechan que se han puesto manos a la obra tras el tirón del Síndic: «después de tantos años esperando no es normal que ahora vaya tan rápido». Sin embargo desde la administración local explicaron ayer que siempre ha sido «una prioridad» para el Gobierno.
Pero todo no acaba ahí. En esa reunión mantenida en agosto se les planteó que parte de la urbanización del sector correría a cargo de los residentes. Cada parcela de 800 metros cuadrados tendría que abonar cerca de 10.000 euros para dotar de servicios a la zona.
Con todo, los vecinos tienen otra queja: el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Y es que a pesar de que la situación en la que viven, el impuesto sí lo pagan y llega en algunos casos a 500 euros.
