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Antes de su aprobación

La oposición obliga al gobierno de Benidorm a fiscalizar cada gasto antes de su aprobación

Los populares rechazan la medida al entender que provocará un «bloqueo» en el Ayuntamiento

Los 13 votos de PSOE, Ciudadanos, Liberales y Compromís permitieron sacar adelante la medida para mejorar la fiscalización. david revenga

Cualquier gasto, por mínimo que sea, bajo control de la oposición. Los ediles del PSOE, Ciudadanos (Cs), Compromís y Liberales aprobaron ayer con el voto en contra de los partidos que gobiernan en Benidorm, PP y CBM, una moción encaminada a modificar el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para elevar la fiscalización sobre cualquier partida presupuestaria. Una propuesta que también contó con el rechazo del edil no adscrito así como del exconcejal verde, Juan García, que sigue formando parte del mismo grupo municipal que su exsocio, el nacionalista Josep Bigorra, pese a que ambos han tomado ya caminos separados, como se evidenció durante la votación de cada punto del orden plenario del mes de octubre, celebrada ayer en el Ayuntamiento de la ciudad turística.

Uno de los debates más acalorados fue el del punto 12, que hacía referencia a una moción conjunta presentada por la oposición para «mejorar la fiscalización económica de las comisiones informativas». En concreto, el objetivo de la propuesta era que cada gasto que apruebe el gobierno de Benidorm sea fiscalizado de forma previa por el resto de grupos municipales ya que hasta ahora hay algunas partidas que se aprueban a puerta cerrada, como denunciaron desde la oposición.

Así las cosas, en la moción se solicita «incluir las propuestas de contenido económico en el orden del día y dictaminarse en la Comisión Informativa de Hacienda previamente a la resolución de las propuestas por el órgano compentente, o en caso de aprobación con carácter urgente, dictaminarse con posterioridad». «Queremos que no se puedan adoptar decisiones ligadas al gasto en Junta de Gobierno», detalló el portavoz del grupo municipal socialista, Rubén Martínez, quien hizo hincapié en que la medida busca elevar la transparencia en la gestión.

Las palabras del representante del PSOE despertaron el enfado del gobierno local y, de hecho, fue el propio alcalde, el popular Toni Pérez, quien recordó que desde que está en el poder los parámetros de transparencia del Consistorio han subido hasta 50 puntos, según los criterios de entes internacionales y no del «criterio de Martínez Gutierrez», dijo en alusión al portavoz socialista.

Asimismo, la edil de Hacienda y Contratación, Lourdes Caselles, señaló que el secretario del Ayuntamiento había considerado en un informe sobre la citada propuesta que ésta es «contraria al vigente ordenamiento jurídico». «Nosotros ya estamos poniendo en práctica más transparencia que cuando ustedes gobernaban», reprochó la concejal del PP, quien anunció que el voto de su grupo sería en contra.

La negativa de los populares ante la citada propuesta despertó el enfado de Liberales y Compromís. Los representantes de ambos partidos, Gema Amor y Josep Bigorra, respectivamente, esgrimieron que se trata de una medida para «profundizar en la transparencia». El edil nacionalista, además, aseveró que los informes de Intervención requeridos para la citada propuesta se mostraban favorables a la modificación del ROM. «A la vista de la propuesta remitida se informa que desde el punto de vista de las competencias de esta Intervención no ve inconveniente legal en que la corporación en pleno regule, a través de una modificación del ROM, el funcionamiento de la Comisión Informativa de Hacienda, como estime oportuno, y por tanto se informa de conformidad», leyó Bigorra durante el pleno.

Pese a todo, el alcalde sostuvo que con la medida buscan «bloquear» la administración. «Tenemos que llevar a comisiones también las nóminas de cada concejal», cuestionó el primer edil benidormense, quien rechazó con vehemencia la medida. «Esto es un intento de que esta administración no funcione y se paralice», censuró Pérez.

Por su lado, Martínez retó al alcalde a llevar la medida al Consell Jurídic Consultiu si no está de acuerdo después de que la medida saliera adelante con los 13 votos de los ediles del PSOE, Cs, Compromís y Liberales.

Operación patinódromo

La operación urbanística para dotar de un patinódromo a Benidorm volvió a salir ayer a relucir en el pleno. Si bien el pasado mes quedó encima de la mesa, en esta ocasión, el cambio de parecer de los tres ediles de Ciudadanos permitió al gobierno sacar adelante la propuesta de adquisición de un suelo dotacional en la partida del Salto de Agua a cambio de la cesión de terrenos en Armanello. Una permuta que hace unas semanas la formación había calificado de «pelotazo urbanístico» y que, en cambio, sí respaldó durante el pleno ordinario de Benidorm del mes de octubre.

Así, el concejal Juan Balastegui defendió que aunque les sigue pareciendo un «pelotazo urbanístico» es legal y «contra la legalidad este grupo no va a ir». Asimismo, el portavoz adjunto de Cs en el Ayuntamiento de Benidorm detalló que durante las últimas semanas habían consultado distintos expertos para saber si había otras opciones para completar este trámite urbanístico para no entregar suelo en Armanello. «No hay otra alternativa», defendió, algo con lo que discreparon desde el PSOE, Compromís y Liberales, desde donde esgrimen que sí hay otras opciones.

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