Nuevo triunfo para los vecinos de la subzona C de Benidorm. Un juez ha obligado al Ayuntamiento a devolver el importe íntegro que abonaron parte de los residentes por las obras de urbanización de sus calles, como se expone en un auto judicial con fecha del pasado 11 de octubre, al que tuvo acceso ayer este diario. Esta resolución, en concreto, afecta a 13 vecinos de la zona a los que la administración local ya reintegró la mitad de lo que habían abonado por los trabajos en sus calles después de que el caso llegara hasta el Tribunal Supremo, que ratificó las sentencias favorables previas emitidas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad así como por un juzgado ordinario. Con todo, en julio de 2016, el entonces equipo de gobierno popular aprobó un decreto donde se especificaba que se retornaría a estos 13 vecinos las liquidaciones definitivas de los trabajos de urbanización, obviando así la devolución de las provisionales que suman unos 300.000 euros más intereses de demora.
Ahora, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Alicante ha anulado el citado decreto del gobierno de Benidorm que fijaba devolver a los vecinos sólo las liquidaciones definitivas de las contribuciones especiales. Así, una de las disposiciones del auto judicial al que tuvo acceso ayer este diario es «declarar nulo el Decreto 4207/2016, de 15 de julio de 2016, dictado por el Ayuntamiento de Benidorm, en cuanto deja de abonar los importes correspondientes a las liquidaciones provisionales; por haberse dictado con la finalidad de eludir el pronunciamiento de la sentencia, al no anular completamente la liquidación en su integridad».
En esta última resolución judicial sobre la subzona C se vuelve a hacer hincapié en el dictamen del Tribunal Supremo, con el que quedó ratificada la sentencia que fallaba a favor de estos 13 vecinos al remarcar que la alta sala consideró que las contribuciones especiales de la subzona C carecían de «cobertura jurídica» al estar asentadas en un acuerdo de pleno y no sobre el proyecto de urbanización aprobado por decreto de Alcaldía. O dicho de otra forma, que el trámite administrativo para cobrar estas tasas registraba fallos de forma por lo que todas las contribuciones podrían quedar anuladas.
Así las cosas, estos 13 vecinos ya recibieron el importe de las liquidaciones definitivas, unos 300.000 euros en total más intereses. Ahora esperan cobrar a la mayor brevedad la cantidad ligada a las liquidaciones provisionales, que suman otros 300.000 euros, como apuntó ayer el representante de los residentes de la zona, Adolfo Valor.
¿Recurso de apelación?
Cabe destacar que esta resolución judicial no es firme y contra ella cabe recurso de apelación. Así, el Ayuntamiento tiene un plazo de 15 días para alegar, si así lo considera, ante el juzgado.
Liberales lamenta el «perjuicio»
Por su parte, la representante del grupo municipal Liberales, Gema Amor, lamentó ayer el «enorme perjuicio económico que está causando el PP a la ciudad». «Quiero creer que en esta ocasión el gobierno del PP no recurrirá y cesará en su empeño de perjudicar a los vecinos de la subzona C», apuntó la edil liberal a la vez se mostró dispuesta a pedir «responsabilidades».
