El titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Benidorm condenó ayer a un año y tres meses de prisión a los tres vendedores ambulantes detenidos a mediados de agosto por enfrentarse a golpes a la Policía Local de Benidorm cuando se disponían a decomisarle las bebidas que pretendían vender a los turistas en la playa. Pese a esta pena, ninguno de los tres acusados, miembros de uno de los clanes dedicado a esta actividad prohibida en la ciudad, acabará finalmente entrando en prisión: dos de ellos por no tener antecedentes penales y tratarse de una pena inferior a dos años y el tercero, pese a tenerlos, por no guardar relación alguna con los hechos por los que ahora se les condena. De este modo, ayer por la tarde estaba previsto que todos ellos quedaran en libertad, tras permanecer las últimas tres semanas en prisión preventiva en Fontcalent.
Aunque inicialmente la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la abogada Montse Angulo, reclamaban una pena de cuatro años y seis meses de prisión, un acuerdo alcanzado entre las partes permitió a los «mojiteros» ver rebajada enormemente las penas solicitadas y evitar la celebración del juicio, al aceptar la condena propuesta por la letrada representante de los perjudicados y el Ministerio fiscal.
De este modo, el mayor de los tres, J. V. N., asumió una pena de un año de prisión por delito de atentado y una multa de 360 euros por tres de lesiones leves; su hijo, F. V. N., fue condenado a 15 meses de prisión por atentado, 360 euros de multa por tres lesiones leves y el pago de una indemnización de 2.800 euros por lesiones graves a un agente; y por último, a M. V. S., primo y sobrino de los anteriores, se le impusieron las mismas penas y el pago de una indemnización de 2.200 euros. Los tres abonaron los 360 euros de multa correspondientes antes de iniciarse la vista, mientras que están obligados a cubrir las indemnizaciones en un plazo inferior a seis meses o, de lo contrario, se revocaría la suspensión de la pena de cárcel y deberían entrar en prisión.
Una decisión sin precedentes
La citación de las partes para la celebración del juicio hizo que hasta el Palacio de Justicia de la ciudad se desplazaran numerosos policías locales, incluido el intendente jefe, Juan Fuertes, para apoyar a los seis compañeros agredidos por los «cuberos». En el lado contrario, las inmediaciones de este edificio judicial también se llenaron de familiares y allegados de los tres detenidos, todos de etnia gitana, lo que hizo que la Policía Nacional desplegase un dispositivo de seguridad especial para evitar altercados.
Los hechos por los que ayer fueron condenados tuvieron lugar el pasado 11 de agosto, cuando, en una inspección rutinaria, agentes del grupo de Playas de la Policía Local dieron el alto a miembros de este clan. Al solicitarles la documentación para abrir un expediente, los «mojiteros» opusieron una fuerte resistencia, que no rebajaron ni siquiera con la llegada de refuerzos. Finalmente, los seis policías desplazados se vieron rodeados por más de una veintena de personas, que se abalanzaron contra ellos y les propinaron golpes, hasta el punto que algunos policías tuvieron que emplear sus pistolas eléctricas para reducirlos.
La decisión de decretar su ingreso en prisión por parte de la juez instructora del caso resultó una resolución hasta ahora sin precedentes, debido a la impunidad con la que históricamente estos grupos, al igual que los que se dedican al «juego de la patata», han ejercido su actividad en la playa. No obstante, el hecho de que ninguno de los tres vaya a entrar finalmente en prisión causó cierta decepción entre algunos de los agentes del cuerpo local, que esperaban una condena «ejemplar» para evitar que se puedan repetir hechos similares.
