A poco más de 10 días para el inicio del curso escolar 2017-2018, el gobierno local de Benidorm aprobó ayer el pliego para sacar a licitación la demolición de un ala del colegio público Leonor Canalejas, una zona que lleva justamente un año desalojada por graves daños en su estructura. Así lo anunciaron ayer desde el Ayuntamiento de la ciudad, señalando que la contratación se realizará mediante un concurso público y se tramitará con urgencia, con un gasto previsto de 74.683,29 euros para asumir esta demolición, que se hará siguiendo el proyecto encargado y pagado por el Ayuntamiento.
En septiembre de 2016, también a pocos días de comenzar el año académico, el Ayuntamiento ordenó el desalojo preventivo de este bloque, donde se ubicaban las antiguas viviendas de maestros y en el que ahora se habían habilitado la cocina, el comedor escolar y otras dependencias, como la sede de la agrupación de APAs o el vivero de empresas. El motivo del desalojo fue un informe elaborado por la Universidad Politécnica de València, que alertaba de que dicha ala presentaba daños y un «nivel bajo de seguridad estructural», y recomendaba su demolición al considerar inviable su rehabilitación.
El alcalde de la ciudad, el popular Toni Pérez, que también gestiona el área de Educación, afirmó ayer que el proceso de licitación «va a ser rápido» y añadió que «una vez tengamos la adjudicación, el Ayuntamiento se pondrá a disposición de la comunidad educativa del CEIP Leonor Canalejas y de la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación en Alicante para coordinar al máximo esos trabajos de derribo». Por tanto, según el edil, aunque los trabajos se liciten con carácter urgente, la demolición de estas viviendas no tendría por qué ser inmediata, sino que se realizará «en las fechas que lo estimen oportuno todos los agentes implicados», entre ellos padres y profesores, «procurando que la continuidad del curso no se vea resentida».
A vueltas con las competencias
El alcalde manifestó una vez más, a través de un comunicado, que «aunque esta actuación es competencia autonómica, el Ayuntamiento ha asumido la demolición de estos bloques, previa autorización de la Generalitat, en aras a agilizarla al máximo» y «ante la imposibilidad de acometer estas labores que manifestaron representantes de la Conselleria». Algo, recordó, que «ya sucedió cuando hubo que reubicar el comedor escolar del colegio» o cuando se retiró el tejado de fibrocemento del colegio público Vasco Núñez de Balboa, actuaciones ambas que también financió el Ayuntamiento. «Estamos cumpliendo un compromiso que adoptamos con el centro escolar, la comunidad educativa y la Generalitat», subrayó ayer Pérez.
Por último, el primer edil también afirmó que, una vez se derriben los bloques de las antiguas viviendas de maestros situadas junto al patio, «será la Conselleria la que deberá levantar en este punto unas nuevas instalaciones». Un proyecto en el que, según el alcalde, «ya debería estar trabajando el gobierno autonómico». Desde el departamento autonómico de Educación, no obstante, no han adelantado nada sobre este asunto, más allá de la visita que el pasado junio realizó la directora territorial de Educación para conocer el estado del edificio.
