Un retraso en el pago de un recibo por parte del Ayuntamiento de Benidorm podría traer consecuencias nefastas para las arcas públicas. Unas consecuencias a las que, además, habría que sumar el desagradable trance por el están pasando los familiares de tres funcionarios fallecidos en lo que va de año y que, además de tener que enfrentarse a la pérdida de un ser querido, podrían verse ahora en la obligación de batallar legalmente con el Consistorio para cobrar la indemnización que les corresponde. Así lo denunció ayer la delegación sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en el Ayuntamiento de la ciudad, que ha exigido al gobierno local que aclare lo sucedido y explique en qué situación van a quedar ahora los afectados.
La Casa Consistorial tiene contratada una póliza que asegura a todos sus trabajadores, tanto por fallecimiento como por invalidez permanente, y que se recoge en el acuerdo laboral negociado y firmado por todas las partes. Un acuerdo que, por tanto, tendría rango de ley. El último contrato con la empresa aseguradora se firmó en el año 2014, con vigencia desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, sin posibilidad de prórrogas. Las arcas públicas abonan al año poco más de 52.000 euros por este seguro, mediante el cual los familiares de los funcionarios percibirían 20.000 euros en caso de muerte o 25.000 por invalidez. Según CC OO el recibo anual ha de actualizarse el 31 de diciembre de cada año para que el seguro tenga validez. Pero, al parecer, el Ayuntamiento no abonó el recibo correspondiente a 2017 hasta el pasado mes de julio, tal y como le trasladaron ayer a este trabajador desde el departamento de Contratación, lo que ahora podría dejar en el limbo el derecho al cobro de la indemnización a los allegados a estos tres finados.
Pendiente desde enero
José María Sola, delegado sindical de CC OO, explicó que el primer empleado público que ha faltado este año lo hizo en el mes de enero. Desde entonces, sus familiares, que había presentado en regla toda la documentación para poder percibir los 20.000 euros correspondientes, no habían obtenido más que largas por parte de la Administración. «Y ello a pesar de que, cuando ha sucedido esto otras veces, el seguro no ha tardado más de mes y medio, dos meses, en pagar», dijo.
Ante la falta de respuestas y cansado de no obtenerlas, uno de los familiares afectados acudió ayer a pedir explicaciones a la aseguradora y, según el delegado sindical, ésta le había indicado que la póliza municipal «no estaba en vigor cuando murió su padre». Entonces es cuando se encendieron todas las alarmas.
«No entendemos cómo un recibo de este tipo puede estar 7 u 8 meses sin pagarse, cuando es un gasto fijo y que tienes presupuestado desde hace años», dijo el delegado de Comisiones Obreras, que además criticó la situación de desamparo en la que esta confusión podría dejar a las familias: «¿Van a tener algún problema para cobrar un seguro que es suyo? ¿O vamos a tener que confiar en la buena voluntad de la compañía aseguradora, que sólo con este año va a tener que pagar más de lo que ingresa?», cuestionó.
Por lo pronto, el portavoz de CC OO avanzó que llevará el asunto ante la mesa general de negociación y ante la junta de personal del Ayuntamiento para que tomen una postura al respecto. Además, avanzó que los familiares podrían reclamar judicialmente este pago y que, casi con toda seguridad, el Consistorio tendría que acabar haciendo frente a esos 60.000 euros, si la aseguradora se niega a asumirlos.
Preguntada acerca de toda la polémica, la edil de Hacienda y Contratación, Lourdes Caselles, dijo desconocer la problemática y mostró su preocupación por los hechos, no sin antes afirmar que iba a consultar a los técnicos.
