25.429.196,76 euros. Ese es el precio que el Ayuntamiento de Benidorm cree que vale la estación de autobuses que construyó en la ciudad el polémico empresario alicantino Enrique Ortiz y que una sentencia firme dejó fuera de regulación en el año 2007. La corporación municipal de la ciudad aprobará en el próximo pleno ordinario una propuesta del alcalde, el popular Toni Pérez, consensuada con los grupos de la oposición, para fijar en esta cuantía el valor de la terminal y, de este modo, desbloquear los siguientes pasos de cara a poder regularizar su situación licitando de nuevo la gestión de la misma.

De hecho, fuentes municipales han explicado que ese precio será el que figure en los pliegos de condiciones de la nueva licitación de la infraestructura, licitación que, como se apuntaba anteriormente, es obligatoria para dar cumplimiento a la sentencia del 23 de octubre de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La propuesta de Alcaldía se ha elaborado tras la reunión de la junta de portavoces celebrada hoy para abordar el expediente relativo a esta cuestión y a la vista de un informe redactado por el secretario municipal.

Una vez analizado dicho informe, la propuesta del alcalde establece como primer acuerdo "dar por cumplida la exigencia de la intervención municipal de abril de 2015 de realizar una nueva valoración de la edificación e instalaciones de la estación" y en consecuencia "levantar el reparo y proseguir con el expediente de resolución por mutuo acuerdo y nueva licitación".

Otro de los acuerdos de la propuesta es el de declarar que se ha producido "el correcto y adecuado cumplimiento" del acuerdo plenario en el que se aprobó hacer la nueva tasación.

El tercer acuerdo es que propone incluir en la futura licitación el precio de 25,4 millones como el valor de la estación tras la tasación efectuada.

Una vez aprobada la propuesta se notificará a los interesados. Esto es, a Enrique Ortiz, que fue quien construyó la edificación sobrepasando de largo la edificabilidad permitida tanto en un hotel anexo a la estación como también en la superficie comercial prevista en la misma.

Aquello desembocó en la nulidad de la adjudicación, por lo que ahora es obligatorio dar cumplimiento a la sentencia que así lo establecía y abonar a Ortiz el valor de la estación de autobuses.

El valor de 25,4 millones supone una cantidad inferior en diez millones a lo que reclamaba inicialmente el empresario.

No obstante a esa cantidad hay que descontarle algunos conceptos como el canon que Ortiz no ha pagado durante años, el exceso de construcción que tiene la infraestructura o la actualización de tarifas.