Tres de tres. La juez en funciones de guardia en el Palacio de Justicia de Benidorm decretó ayer el ingreso en prisión provisional sin fianza para el tercer vendedor ambulante detenido por la Policía Local por su presunta participación en una pelea que el pasado viernes dejó heridos de distinta consideración a cinco agentes locales. Así lo confirmaron ayer fuentes relacionadas con los hechos, que afirmaron que este arrestado iba a ser trasladado en las próximas horas al centro penitenciario de Fontcalent junto a los otros dos detenidos, que ya pasaron el lunes de disposición judicial y para los que la juez dictó la misma resolución.
Los tres estarían acusados, entre otros, de supuestos delitos de atentado a la autoridad y de lesiones, trasladaron las mismas fuentes.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando cerca de una veintena de miembros de uno de los clanes que controlan la venta ilícita de bebidas en las playas de la ciudad la emprendieron a golpes contra media docena de agentes de la Policía Local. Agentes del grupo de Playas procedían a hacer una inspección rutinaria contra la venta no autorizada de mojitos, refrescos y otro tipo de bebidas sobre la arena, cuando dieron el alto a varios de los también conocidos como «mojiteros».
La actuación la iniciaron una pareja de policías que acudieron a intervenirles la mercancía y se encontraron con una fuerte resistencia, según relataron distintas fuentes. La tensa respuesta de los vendedores llevó a los agentes a pedir el refuerzo de otros compañeros, hasta que al final la media docena de agentes desplazados hasta el lugar acabó siendo rodeada por una veintena de personas, que se abalanzaron contra ellos y les propinaron golpes, hasta el punto que algunos policías tuvieron que emplear pistolas eléctricas para reducirlos.
Como consecuencia de estos hechos, cinco agentes resultaron heridos, en su mayoría con golpes y contusiones. De ellos, una policía todavía sigue de baja.
Fuentes municipales destacaron ayer que la resolución judicial de esta magistrada, que ha acordado el ingreso en prisión de los tres arrestados, supone un «punto de inflexión» contra una actividad que se venía realizando de manera «totalmente impune» al estar enmarcada en el ámbito administrativo.
