El principal foco de preocupaciones del Ayuntamiento de Benidorm tiene nombre y apellido: Enrique Ortiz. Un nombre ligado a una maraña de enredos urbanísticos en la ciudad de los rascacielos que, en los últimos meses, se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del gobierno de la capital de la Costa Blanca, conformado por el PP y CBM. De hecho, una vez mas, el protagonista de la jornada de ayer volvió a ser él, en este caso, por los terrenos que todavía atesora en El MoraletMoralet. Este suelo, que debe pasar a formar parte del patrimonio público de Benidorm a través de un proceso de expropiación que lleva años enquistado, sigue siendo el origen de disputas entre técnicos y grupos políticos, al igual que sucede con la estación de autobuses o con el plan Armanello. Una serie de asuntos ligados al empresario alicantino que llevan años sin resolverse y, lo peor, que amenazan con pasar una importante factura a las arcas locales.
De hecho, el objeto de la reunión celebrada ayer en el Ayuntamiento, a la que asistieron representantes de todos los grupos políticos así como técnicos municipales, fue acordar una decisión que permitirá reducir, en parte, el impacto económico que puede llegar a tener la compleja expropiación de El Moralet sobre las arcas públicas de Benidorm. Así las cosas, los presentes en la reunión aprobaron la consignación por parte del Consistorio de buena parte de los cerca de seis millones de euros en los que el Jurado Provincial de Expropiación valoró la parcela que el constructor tiene en este sector de la ciudad llamado a transformarse en zona verde.
Cabe recordar que el Jurado Provincial de Expropiación valoró en 5,8 millones el precio de estos 516.000 metros cuadrados calificados como suelo rústico. Una cifra que, no obstante, todavía podría verse variada ya que ambas partes, Ayuntamiento y Enrique Ortiz, recurrieron ante el Tribunal Supremo (TS) la citada cantidad. Al empresario, que llegó a solicitar 47 millones por ese mismo suelo, se le quedó corta mientras que para el Consistorio, que rebajaba el coste a 74.000 euros, era algo desorbitado. El hecho de que el TS todavía no se haya pronunciado hace que se estén generando una serie de intereses por esta operación de compra forzosa, que vendrán a encarecer, todavía más si cabe, la expropiación.
De ahí que hace unas semanas, como ya adelantó este diario, los propios técnicos municipales informaran de que la mejor alternativa para reducir costes era trasladar una parte de esos seis millones a la caja del Jurado Provincial de Expropiación. Hasta ahora, ese dinero estaba reservado en el Consistorio por si hubiera que pagar la citada cantidad tras la sentencia del TS, pero nunca llegó a consignarse ante el tribunal. Un hecho que a la postre genera intereses sobre la operación, que podría terminar repercutiendo sobre las arcas locales. Por ello, ayer se acordó dar este paso, como indicó el portavoz del gobierno local, José Ramón González de Zárate, a preguntas de este diario. Un avance más en un tema que, de momento, no tiene visos de llegar al final.
Lo que sí que tendrá desenlace será el conflicto por la titularidad de esos mismo terrenos, que pasaran a ser de Benidorm una vez que el gobierno local dé cuenta al pleno de la ocupación. Algo que pidió hace unos meses Ortiz, quien todavía seguía pagando el IBI de un suelo que ya le había sido expropiado, y que culminará en la sesión del próximo lunes.
Frente a los avances que se están dando en el tema de El Moralet choca la complicada situación de la estación de autobuses. Como ya publicó este diario, el constructor ha abandonado las negociaciones con el Consistorio y está dispuesto a pedir al menos 75 millones por rescindir el contrato de explotación de la terminal, como obliga una sentencia del Supremo. En este caso, sí hay fallo, a diferencia de El Moralet, pero lleva desde 2012 sin cumplirse. Las discusiones sobre la valoración económica de la infraestructura que levantó Ortiz son el principal escollo. Se han hecho varios informes, internos y externos, pero parte de la oposición sostiene que no atienden a la realidad de la obra. El gobierno local quiere resolver durante esta semana qué hacer con el problema de la estación de autobuses, después del cambio de postura del empresario, quien está dispuesto a ir a los tribunales para reclamar una macroindemnización por los incumplimientos.
Y, a todo ello, hay que sumarle el plan Armanello. Una PAI que debía desarrollar Ortiz, que nunca llegó a ejecutarse por numerosos litigios y que, hace ahora más de medio año, se acordó reiniciar su programación bajo la tutela de los dueños del suelo, unidos ahora en una Agrupación de Interés Urbanística (AIU). Un instrumento para poder intervenir en el futuro del suelo en el que, por cierto, también está integrado el polémico constructor.
