Fue una normativa única, que significó un antes y un después para la planta hotelera de Benidorm, pero que también dejó en el aire muchos aspectos importantes. Entre ellos, el del interés general. El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha iniciado una investigación para averiguar las circunstancias en las que la capital turística de la provincia desarrolló a principios de la década de los 2.000 la figura urbanística conocida como «premio hotelero» y por qué el Consistorio permitió la ampliación o construcción de una quincena de hoteles, con mayor volumetría de la permitida, sin que éstos compensaran de ninguna manera al municipio.
La oficina valenciana del Defensor del Pueblo, que preside José Cholbi, ha solicitado al Ayuntamiento de Benidorm informes sobre dichos proyectos, con el fin de averiguar qué ocurrió en cada caso. Lo hace a raíz de una queja formulada ante la Sindicatura por un ciudadano, que alertaba a la institución de que esta situación habría «atentado gravemente contra los intereses legítimos de los ciudadanos de Benidorm, como consecuencia de la no defensa del interés general por parte de la administración local de la ciudad».
El «premio hotelero» fue un conjunto de bonificaciones urbanísticas que el gobierno popular de Vicente Pérez Devesa introdujo en el año 2001 a través de una modificación puntual del Plan General, la número 1, con el visto bueno de la conselleria de Obras Públicas de una Generalitat gobernada entonces por Eduardo Zaplana. El objetivo era beneficiar la construcción de hoteles de cuatro y cinco estrellas en la ciudad y se ciñó única y exclusivamente al ámbito de Benidorm, sin que el Consell dejar a extender la figura a ningún otro municipio.
La medida contemplaba la posibilidad de construir establecimientos de nueva planta aumentando el aprovechamiento del suelo previsto en el Plan General, pero sin que éste computara como un incremento de la edificabilidad. O, dicho de otro modo, pudiendo elevar en algunos casos hasta un 40% el volumen de edificabilidad para construir habitaciones más grandes, salones o áreas de spa, gracias a que no se computaban urbanísticamente hablando espacios comunes como vestíbulos, pasillos, escaleras, almacenes, ascensores, cocinas, terrazas o aparcamientos.
Un «boom» de nuevos complejos
La aprobación de esta medida en el arranque de la década del 2000 provocó todo un «boom» en la industria hotelera de Benidorm, hasta el punto de que se acogieron a la misma hasta una quincena de establecimientos, muchos de nueva planta y otros que surgieron de antiguos alojamientos que fueron echados abajo. Hoteles como el Flamingo Oasis, Meliá Benidorm, Levante Club o el Mediterráneo, todos cuatro estrellas, fueron algunos de los de nueva creación construidos en la ciudad al amparo de aquel famoso «premio hotelero». Otros alojamientos que en aquellos años se reconvirtieron para subir de categoría, fueron hoteles como el Victoria, el Princesa o el Sandos Mónaco, entre otros. Y algunos se levantaron eliminando hoteles antiguos o aparejados a estos, como fue el caso del Gran Hotel Bali o el Madeira Centro, como figura en la documentación anexa a la queja elevada ante el Síndic.
«Intereses legítimos»
Ahora bien, una de las condiciones impuestas por la entonces Conselleria de Obras Públicas para autorizar el «premio hotelero» era que las empresas que se acogieran a él realizaran a cambio una serie de compensaciones ?en suelo o económicas? al municipio, que nunca hasta ahora se llevaron a cabo.
Así lo han reconocido en numerosas ocasiones quienes han estado al frente del área de Urbanismo en los distintos gobiernos que se han sucedido durante todo este tiempo y así lo expresa el ciudadano que ha puesto los hechos en conocimiento del Síndic. «A día de hoy, no hay constancia alguna por parte del Ayuntamiento de haber subsanado el retraso», mantiene en su escrito, que también apunta: «De igual forma, no hay tampoco constancia de haberse delimitado en el Plan General las zonas dotacionales que los hoteleros deberían adquirir para compensar al municipio». Y, tras alertar de la «nula defensa de los intereses legítimos de sus conciudadanos por parte de nuestro Ayuntamiento», solicita abrir un expediente para que el Consistorio «defienda y garantice nuestros derechos».
En el año 2014, gobernando en coalición socialistas y liberales, Benidorm dio un paso más y amplió los casos de aplicación de aquel primer «premio hotelero», con el llamado «Plan de Incentivación Hotelera». Entonces, ahora sí, se fijaron una serie de parámetros de compensación de obligado cumplimiento para nuevos proyectos de construcción o reforma.
