Una técnico de la firma TINSA, contratada por la Generalitat para tasar los clubes náuticos de la Comunidad, inspeccionó el miércoles terrenos, lámina de agua y construcciones e instalaciones para dictaminar el valor real del Club Náutico de Altea, montante del que resultará el canon anual que se tendrá que abonar para mantener la gestión de las instalaciones. Durante la visita, la técnico comprobó «in situ» el grado de degradación y antigüedad de las instalaciones náuticas del club, resultado del paso de 17 años sin ejecutar inversiones de mejora o modernización, aunque se han gastado grandes cantidades cada año en reparación y conservación, al estar sujetos a renovaciones parciales de la licencia que no garantizaban la continuidad de la actividad más allá de unos meses, según un comunicado de la entidad.
El club, que recurrirá el montante del canon impuesto por la Generalitat, recuerda que la normativa española establece explícitamente que una «actualización» de una tasación sólo es posible dentro de un plazo de dos años desde que se emite el documento original. Pasado ese tiempo, la ley obliga a realizar una tasación nueva, por lo que una simple actualización sería igualmente nula. «No vale pues hacer valer un corta y pega de la tasación anterior, pues con la ley en la mano están obligados a realizar todo el trabajo desde el principio, y sobre todo aplicando la metodología adecuada», según el presidente del club, José Román Zurutuza.
Errores
Los responsables de la entidad han hecho ver al tasador que el trabajo anterior no se ajusta a las leyes vigentes y que además de tener errores graves incurre en ilegalidades. «En primer lugar se realizó de acuerdo a unas dimensiones del Club erróneas, con más de 14.000 metros cuadrados de lámina de agua por encima de la realidad concesional otorgada inicialmente. Por otro lado, desde que en 2014 se realizara esta tasación la normativa ha cambiado, y por tanto no se ajusta a la metodología que exige la actual Ley de Puertos de la Generalitat. Además, la tasación en sí misma es contradictoria en cuanto a sus cálculos, por no mencionar que no fue notificada ni hecha pública de manera legal».
El Club Náutico de Altea se fundó en 1977, merced a una concesión administrativa que expiró en 2000, y desde entonces los dirigentes de la entidad han solicitado en numerosas ocasiones iniciar el proceso de renovación.
El club asegura que «pese a que la Ley de Puertos de la Comunidad Valenciana, aprobada en 2014, marca como obligación iniciar ese proceso negociado de concesiones a los clubes náuticos, nada se ha avanzado, y las entidades han funcionado durante lustros con prórrogas en precario, circunstancia que impide cualquier iniciativa de inversión para adecuar, mejorar y modernizar instalaciones, obsoletas tras el paso del tiempo.
Basándose en unas erróneas y letales tasaciones realizadas en 2014, las autoridades autonómicas plantean multiplicar el canon anual que deben satisfacer los clubes (en el caso de Altea hasta por siete veces), lo que se traduce en un estrangulamiento de sus cuentas. Tan es así, que la directiva del Club Náutico de Altea ha decidido aumentar hasta final de año un 10% sus tarifas de amarre y servicios portuarios y deportivos, a los socios y tránsitos.
