El acuerdo elevado ayer a pleno por el alcalde de Benidorm para iniciar los trámites que permitan acabar legalizando la estación de autobuses toma como base dos documentos: por un lado, un extenso informe del secretario municipal; por otro, una de las tres propuestas que aportó el Consell Jurídic Consultiu (CJC) para dar cumplimiento a la sentencia del Supremo. En concreto, el CJC planteó el pasado octubre tres fórmulas: rescatar la concesión; que el actual concesionario continuara con la gestión del servicio público en lo relativo a la estación, licitando el resto de servicios; o la resolución del contrato de mutuo acuerdo y la posterior licitación por concurso de toda la concesión, opción acatada finalmente por el Consistorio.
Aun así, cabe destacar que el gobierno local de Benidorm ha hecho caso al Consell Jurídic, aunque sólo a medias. En su informe, el CJC alertaba de que la indemnización que debería percibir Ortiz debía calcularse, sólo, sobre la parte legalizada de la estación, esto es, sobre el proyecto inicial, que en su día se tasó en 5,7 millones, al entender que el empresario construyó de más a sabiendas de que la obra estaba en litigio. Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento le reconocerá todo lo edificado, tenga o no licencia.
