Acabar con las estampas que algunos extranjeros, entregados a la fiesta y al alcohol durante sus vacaciones en Benidorm, dejan en algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad sigue siendo una asignatura pendiente para el gobierno benidormense, compuesto por PP y CBM. Un asunto que ha vuelto a salir a la palestra durante las últimas semanas después de que cerca de una veintena de comunidades de vecinos presentaran escritos ante el Ayuntamiento alertando de las molestias que les suponen las actitudes nada decorosas de los visitantes que se concentran a plena luz del día en el paseo de la playa de Levante para pasar una jornada de desenfreno. Unos días al año para los viajeros pero que se han convertido en la tónica habitual de esta zona de la localidad. De ahí que ayer mismo la autoridad municipal, los grupos de la oposición, los mandos policiales y los empresarios del sector de restauración y ocio nocturno volvieran a sentarse casi un año después de la última reunión en este sentido con el fin de hallar fórmulas legales para poder imponer sanciones a aquellos que se excedan en sus conductas.
La problemática no es nueva. De hecho, hace cerca de un lustro, cuando gobernaba el PSOE junto al CDL de Gema Amor, ya se planteó la posibilidad de crear una nueva normativa para intensificar las sanciones y poner coto al turismo de borrachera. Algo que, finalmente, no llegó a materializarse tras levantar una fuerte controversia en la ciudad, que vive de los turistas.
No obstante, hace un año, el grupo municipal Ciudadanos (Cs) elevó una moción para pedir la creación de una ordenanza cívica. Una nueva intentona de poner límites a los comportamientos de algunos visitantes. La propuesta fue aprobada con los votos de los partidos que hoy gobiernan Benidorm: PP y CBM. Sin embargo, durante los últimos doce meses, nada se ha avanzado en ese sentido.
Hay que recordar que sí es cierto que tras la aprobación de la propuesta de Cs para crear una ordenanza cívica, en junio del pasado año, los agentes implicados en la problemática mantuvieron un encuentro no exento de cierta tensión que no llegó a ningún puerto. De hecho, no fue hasta ayer, cuando los sectores afectados volvieron a verse las caras para volver a debatir sobre la problemática. En esta ocasión, no acudió representante alguno de los alojamientos turísticos. Ni la patronal hotelera Hosbec -por cuestiones de agenda, según pudo saber este diario-, ni la asociación empresarial de los apartamentos turísticos ni las agencias de viaje.
Pese a todo, la reunión sirvió para poner un punto de partida, aunque sea con un año de retraso. Así, los presentes acordaron, a propuesta del grupo municipal Compromís-Los Verdes, solicitar un informe técnico jurídico que determine la legislación actual. O dicho con otras palabras, lo que ya se estipula como objeto de sanción y se castiga. Un documento que podrá servir de base para hacer la nueva ordenanza cívica, como explicó ayer a este diario el portavoz de la agrupación nacionalista, Josep Bigorra.
Por su lado, el edil de Seguridad, Lorenzo Martínez, admitió que se dan «comportamientos muy concretos que hay que corregir porque pueden dañar la imagen de la ciudad y dificultar el descanso de los vecinos». No obstante, el concejal recalcó que «el mal comportamiento es cosa de unos pocos, que en ningún caso debe achacarse al conjunto de un mercado turístico. La mayoría de los turistas nacionales y extranjeros se comportan de forma ejemplar durante su estancia en Benidorm», quiso recalcar el regidor, quien indicó que «el objetivo es buscar fórmulas legales y administrativas para que los expedientes sancionadores que se inicien contra los incívicos se hagan efectivos y se cobren», algo que en la actualidad no siempre resulta posible.
Multas como revulsivo
Martínez consideró que «el cobro de multas puede ser el revulsivo más eficaz contra estos comportamientos». Algo que también suscribió el concejal de Cs Juan Balastegui, cuyo grupo fue el promotor de la ordenanza cívica. «No podemos tolerar esto. Hay que sancionar. Algunos dicen que se trata de un fenómeno social con el que hay que convivir y nosotros no lo vemos así. Es algo que hay que combatir», cargó duramente el regidor, quien matizó que su intención no es que no vengan turistas extranjeros, si no que vengan pero que sepan que deben comportarse de una manera cívica o, de lo contrario, serán sancionados.
