El temor a que se produzca una subida en los precios hoteleros ha llevado al Gobierno británico, dirigido por la primera ministra Theresa May, a dar un paso al frente y actuar contra las reclamaciones falsas que sus compatriotas interponen en los hoteles españoles -a través de los grandes mayoristas con quienes contratan sus paquetes vacacionales- para recuperar el coste de su estancia. Esta práctica fraudulenta se ha popularizado de un tiempo a esta parte, como vienen denunciando los alojamientos, y ha llegado a suponer un agujero de hasta 60 millones de euros al sector, según cifran las principales asociaciones empresariales.
Esta circunstancia ha provocado que los principales destinos golpeados por la problemática, entre los que se encuentra Benidorm, reclamen a Reino Unido que endurezca sus leyes, en este sentido, para poner coto a las quejas falsas. Cabe destacar que los establecimientos hoteleros de la capital de la Costa Blanca habrían llegado a acaparar cerca de un 15% de las pérdidas registradas en todo el territorio nacional por esta causa, como ya adelantó este periódico. Además, no hay que olvidar que los visitantes británicos representan ya más de la mitad del turismo en la ciudad de los rascacielos y que algunos alojamientos están especializados en este mercado y ofrecen modalidades como el todo incluido.
Precisamente son los hoteles con este modelo de negocio los que se han convertido en el foco de esta «picaresca» británica. El cliente alega una intoxicación alimentaria durante su estancia, a través del mayorista con el que ha contratado su paquete vacacional, y éste termina devolviéndole el coste íntegro de sus vacaciones, generando fuertes pérdidas en las cuentas de los hoteles ya que no sólo debe devolver el importe al que presenta la queja si no que, además, debe pagar los servicios del abogado que ha gestionado la reclamación.
Vacío legal
Las tarifas de la asistencia legal para este tipo de reclamaciones no están limitadas en la legislación británica y, de ahí, que muchos letrados pirata aprovechen este «vacío» para hacer negocio. Como muestra un botón. Se ha dado la circunstancia de que el cliente perciba 500 libras (590 euros) por su supuesta intoxicación mientras que el abogado que ha gestionado la reclamación ha podido llegar a embolsarse hasta la friolera de 5.000 libras (5.900 euros).
Así las cosas, una de las medidas que ya ha anunciado el gobierno británico pasa por «cubrir el vacío legal para que los operadores turísticos sepan que pueden defenderse de estos oportunistas sin tener que afrontar grandes costes», según explicó ayer la primera ministra ante medios británicos. May ha ido más allá y dijo estar dispuesta a hacer un «llamamiento» a la industria turística y a «todo aquél que quiera colaborar con pruebas e ideas para combatir juntos esta problemática».
Un problema que, según declaró May, está «elevando los costes de las vacaciones de las familias y dando mala fama a los turistas británicos fuera de nuestras fronteras». «Los turistas que respetan la ley no tienen por qué pagar más por sus vacaciones veraniegas, para las que ya de por sí tienen que hacer un importante esfuerzo económico, por culpa de las reclamaciones falsas que injustamente elevan los precios», lanzó la primera ministra británica. A su vez recordó que este tipo de comportamientos constituye un delito que está penado con hasta 3 años de cárcel.
Justos por pecadores
Desde la patronal hotelera Hosbec, con sede en Benidorm y la más potente de toda la Comunidad Valenciana, suscribieron ayer las consideraciones de la primera ministra británica. «Tener que atender tantas reclamaciones puede llevar a incrementar precios», admitieron fuentes de la asociación empresarial consultadas por este diario a la vez que celebraron que el ejecutivo de May haya recogido el guante, después de las múltiples reuniones que se han mantenido con el sector hotelero español, para advertir de la oleada de quejas falsas y las consecuencias para los negocios.
Unos efectos negativos que ya han comenzado a calar entre la población de Reino Unido y que ya se han convertido en noticia entre los medios anglosajones. «La intervención del Gobierno español ha sido determinante para poner coto al problema junto a la presión ejercida por el sector», consideraron ayer desde Hosbec a la vez que admitieron que el ejecutivo de Theresa May ha actuado con «mayor celeridad» de lo que se esperaba de forma inicial.
