Acabar con las "falsas indigestiones" que miles de turistas británicos sufren en los hoteles. Este es el objetivo que se ha planteado el gobierno británico. Su ministro de Justicia, David Lidington, se ha dirigido a "todos aquellos que hacen reclamaciones por falsas enfermedades" y ha señalado que "sus actos son perjudiciales y no los vamos a tolerar". Estas declaraciones salen al paso de las miles de denuncias por falsas intoxicaciones alimenticias que muchos veraneantes procedentes del Reino Unido interponen ante los touroperadores para que estos les devuelvan el dinero pagado por sus vacaciones. Esta práctica le ha costado al sector turístico de nuestro país en los últimos años unos 60 millones de euros.

Los hoteles de Benidorm denuncian pérdidas millonarias por reclamaciones falsas

En los últimos ejercicios los alojamientos de Benidorm han descontado de su facturación final varios millones de euros por este asunto. El pasado año, las pérdidas económicas a causa de estas reclamaciones falsas se dispararon. ¿El motivo? La llega masiva de abogados británicos que ven en esta práctica una forma de hacer negocio. El cliente recupera el importe de sus vacaciones y el letrado se embolsa una importante cifra por la asistencia legal. Esta picaresca se ha popularizado en los puntos más turísticos de España, entre los que se encuentra Benidorm, y los grandes damnificados son los establecimientos hoteleros.

La avalancha de estas falsas denuncian ha sido de tal envergadura en los últimos ejercicios que los hoteleros se han planteado tomar medidas. La más drástica sería la reducción del cupo de los touroperadores británicos precisamente por el tema de las reclamaciones falsas. Los alojamientos turísticos tomarían estas medidas para evitar más pérdidas económicas por el aumento de abogados del Reino Unido que incitan a los clientes a quejarse con el fin de recuperar el dinero de su estancia. Precisamente ha sido esta amenaza del sector turístico de elevar los precios a los turistas británicos o incluso de vetarlos, lo que ha provocado la reacción de las autoridades inglesas.

El asunto ha llegado a las altas esferas. La primera ministra británica, Theresa May, ha declarado en medios ingleses que "los veraneantes que respetan las normas no deberían pagar más por su merecido descanso estival por las reclamaciones falsas que están haciendo subir los precios". May ha recordado a sus conciudadanos que existen "duras penas de prisión" para los autores de denuncias falsas, y añadió que "dará un paso más para frenar los fraudes que están haciendo subir el coste de las vacaciones familiares y dañando la reputación británica en el extranjero. Empezaremos cerrando el vacío legal para que los turoperadores puedan defenderse sin afrontar enormes gastos", ha señalado.