El empresario Enrique Ortiz se ha cansado de esperar a que el Ayuntamiento de Benidorm determine qué hacer con la estación de autobuses de la ciudad turística, cuya gestión sigue estando en sus manos, pese a que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) obligó, en 2012, a anular la concesión por los excesos urbanísticos cometidos durante su construcción. El hecho de que, tras un lustro, no se haya cumplido con la sentencia ha despertado la furia del controvertido constructor, quien ha presentado un escrito ante el Consistorio, al que tuvo acceso ayer este diario, avisando de que exigirá a la administración hasta 75 millones de euros dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial que va a incoar de «forma inmediata». En el documento, además, advierte de que si en 15 días no se ofrece una solución legal a la situación «nos veremos obligados al ejercicio de todas las acciones legales».
Las amenazas del empresario han despertado cierto nerviosismo en el Ayuntamiento de Benidorm. De hecho, el gobierno local -PP y Ciudadanos por Benidorm (CBM)- convocó ayer en junta de portavoces al resto de grupos municipales para abordar éste y otros asuntos.
Durante esa reunión, se trasladó el resto a los representantes de todos los partidos el escrito presentando por Enrique Ortiz, en el que se recogen los antecedentes de este complejo embrollo urbanístico y se recuerda que fue en 2014 cuando el empresario y la corporación local crearon una comisión paritaria para cumplir la sentencia que obligaba a retirarle la concesión de la estación de autobuses de manera pacífica. La intención del gobierno local de aquella época -PSOE y CDL- era retirarle la explotación a cambio de una indemnización que asumiría la nueva empresa concesionaria. En caso de quedar desierto el concurso sería Ortiz quien seguiría gestionando la explotación.
Para el constructor alicantino, el hecho de que aún no se haya dado solución alguna a este asunto y se hayan pedido diferentes estudios para fijar el coste de la indemnización, y que todavía estén pendientes de una última valoración es «inasumible». «El estado de precariedad en que se ve inmersa la introduce en un injustificado e inmerecido estado de frustración y absoluta inseguridad jurídica», se apunta en el documento a la vez que se indica que «la situación existente impide la ejecución de actuaciones que permitan viabilizar los resultados del funcionamiento de la estación o mejorar la prestación de servicios».
Ante este panorama, el gobierno local ha decidido implicar a todas las formaciones políticas con representación en el Consistorio para acordar una solución al respecto, como explicó ayer el portavoz del ejecutivo municipal, José Ramón González de Zárate. Así, mañana se convocará una nueva reunión para decidir si se acepta la valoración que ya hay encima de la mesa para indemnizar a Ortiz por la estación de autobuses o si, por contra, se continúa con los trámites de la forma prevista hasta ahora pese a las amenazas del empresario.
Legalizar el complejo
Por su parte, el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, recordó que en la pasada legislatura del PSOE y CDL se aprobó un precio para zanjar el problema y en este mandato se acordó pedir una nueva valoración. Al mismo tiempo, el concejal nacionalista insistió en que la empresa también debería cumplir y pagar con las sanciones que le corresponden para legalizar el complejo, que todavía no ha abonado.
Desde el grupo municipal Ciudadanos se consideró que la «decisión a tomar es aceptar una valoración llena de errores técnicos o saber el precio que realmente costó la obra. «Con nosotros que no cuenten para después de incumplir desde el principio, encima pegue un pelotazo», lanzó el edil Juan Balastegui en alusión a Enrique Ortiz.
Por su parte, la liberal Gema Amor manifestó su «indignación». «El gobierno local del PP ha demostrado durante dos años ser incapaz de resolver la bochornosa situación que provocaron con la estación de autobuses», lanzó la concejal. Una lectura a la que se sumó el portavoz del grupo socialista, Rubén Martínez, quien lamentó que el ejecutivo local ha perdido el tiempo después de que el anterior gobierno, del que formaba parte, allanará el camino para solucionar este embrollo.
