Las idas y venidas del farragoso proceso de expropiación iniciado en 2011 para expropiar a la empresa Iniciativas Comerciales de Benidorm (Incobe) -participada por el empresario Enrique Ortiz- los terrenos que atesora en el sector de El Moralet ha dejado alguna que otra desagradable sorpresa por el camino. Los trámites hecho por el actual gobierno local del PP para formalizar la compra forzosa, que se oficializó en 2014 después de que el Consistorio benidormense pagase a la mercantil algo más de 70.000 euros por el suelo pese a que ésta pedía nada menos que 47 millones, han destapado la caja de los truenos sobre esta polémica compra forzosa hasta llegar a la conclusión de que la administración local tendrá que pagar al controvertido promotor alicantino intereses por la operación desde el año 2013. Así se confirmó durante una junta de portavoces que tuvo lugar durante la mañana de ayer, según pudo saber este periódico.
No hay que olvidar que hace tan sólo una semana el gobierno local llevó al pleno ordinario una propuesta para ratificar el acta de ocupación de ese suelo por parte de la administración local. Se trataba del último paso para culminar este arduo proceso de expropiación con el que definitivamente la empresa participada por Ortiz dejaría de ser titular de ese terreno evitándose así, entre otras cosas, el pago del IBI por el mismo. Un punto que fue retirado por el propio ejecutivo municipal, que lidera el popular Toni Pérez, a la vista de que no contaba con una serie de informes técnicos favorables a la propuesta.
Este fue el detonante para que prácticamente todos los grupos de la oposición -PSOE, Ciudadanos (Cs), Liberales y Compromís-Los Verdes- presentaran una moción conjunta para pedir que se anulara el acta de ocupación, que ya había firmado el propio primer edil benidormense junto al empresario alicantino. El temor de las cuatro formaciones citadas era que la aprobación definitiva del último trámite para formalizar la expropiación fuera a generar una serie de intereses dentro de esta operación, cuyo desenlace todavía está pendiente de la decisión que tome el Tribunal Supremo (TS). De momento, el Consistorio sólo ha pagado 72.000 euros por el terreno pese a que Ortiz pedía 47 millones.
En cambio, el Jurado Provincial de Expropiación fijó en mayo de 2013, hace ahora cuatro años, que el justiprecio de la compra forzosa sería 5,9 millones. Una cifra desorbitada para la administración local e insuficiente para el empresario alicantino. El choque de criterios económicos enquistó el trámite y, de hecho, en la actualidad se está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie. Algo para lo que de momento no hay fecha. De ahí los miedos de los grupos de la oposición ante la firma del acta de ocupación, con la que el Ayuntamiento culminaba el proceso a expensas de que el TS fijara un precio.
Futura zona verde
Sin embargo, la moción presentada por los grupos de la oposición fue retirada cuando tanto el secretario municipal como el interventor mostraron sus dudas sobre en qué momento se abrían comenzado a crear intereses por la operación de compra forzosa de este suelo de El Moralet destinado a ser zona verde. Unas dudas que ayer se disiparon en cierta forma durante la junta de portavoces. Así, fue seis meses después de que el Jurado Provincial de Expropiación fijara el justiprecio cuando comenzaron a contar los intereses. O dicho de otra forma, que el Consistorio tendrá que pagar a Ortiz lo devengado por la expropiación desde noviembre de 2013, puesto que el justiprecio se fijó en mayo de ese mismo año, como aclaró ayer a este diario el portavoz del gobierno local en el Consistorio, el popular José Ramón González de Zárate.
No obstante, lo que los técnicos todavía no han podido cifrar es el coste de los citados intereses, puesto que en función de una serie de factores como, por ejemplo, la cantidad en la que se base el porcentaje, podría variar. Algo para lo que ya se han encargado informes con el fin de esclarecer al máximo todas las incógnitas.
Por su lado, el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, lamentó que tras la junta de portavoces seguía teniendo casi las mismas dudas sobre todo el proceso de expropiación y no obstante censuró que el acta de ocupación todavía no estuviera fiscalizado por los técnicos pese a que se firmó en marzo de este año.
