Más de 150 personas, entre trabajadores de la Asociación Emaús y familiares de menores y ancianos que son atendidos en el Hogar Los Hermanitos y en la Residencia de la Tercera Edad «Les Boqueres d'Altea», respectivamente, se concentraron al mediodía de ayer frente al Ayuntamiento para protestar por la situación económica a la que ha llegado la asociación con deudas que superan los 21 millones de euros, seis de los cuales se le deben a la Seguridad Social, según confirmó el alcalde de Altea, Jaume Llinares.

Este hecho ha desembocado en un final agónico para la entidad que nació en 1979 dedicándose al cuidado y tutela menores con problemas de arraigo social, y que años después amplió su servicio al cuidado de discapacitados y personas de la tercera edad, además de la tutela de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Ayer, los trabajadores de Emaús insistieron en que la «no condonación» de la deuda con la Seguridad Social «ha sido el motivo para que otra empresa no absorbiera a Emaús, y que 300 trabajadores se vayan al paro tras decretarse el ERE».

El alcalde de Altea se mostró contrario «al desmantelamiento de Emaús y al cierre de todos sus departamentos que están repartidos en Les Marines», y anunció que ha pedido «una reunión con los alcaldes de los municipios donde opera Emaús para pedirle a la Seguridad Social que condone la deuda, una cantidad menor si la comparamos con lo que este organismo hizo con los clubes de fútbol o con los rescates de los bancos llevados por el Gobierno de España». El portavoz del PP, Jesús Ballester, señaló que su partido «buscará una solución al problema económico de Emaús desde las administraciones local, regional y nacional. No sirve de nada en estos momentos perder el tiempo buscando culpables».

Reubicación de usuarios

A media tarde de ayer, desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas anunciaron que «se cuenta ya con un plan para reubicar a todos los usuarios de los centros públicos de menores, discapacitados y mujeres en riesgo de vulnerabilidad que hasta ahora residían en centros o viviendas dependientes de Emaús».

Fuentes de la consellería aseguraron que «ninguna de estas personas quedará en situación de desamparo. No ocurrirá lo mismo con los mayores de la residencia alteana de Les Boqueres, ya que, al tratarse de un centro privado, su realojo en otros centros no es competencia del Consell, sino de sus propias familias».

Por la mañana, los representantes sindicales de Emaús ya habían señalado que «todos los usuarios y residentes de 'Les Boqueres' pueden verse obligados el próximo 14 de mayo a desalojar lo que hasta ahora es su hogar, y tener que ser reubicados por distintas residencias de la provincia, si no llega una oferta firme a la mesa del juez como máximo el 4 de mayo».

Una ruina en diferido

Por su parte, Mónica Oltra, máxima responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas, afirmó ayer que ante la situación de Emaús, «la prioridad del gobierno valenciano ha sido los usuarios. También se ha intentado durante un año y medio facilitar que la gestión del centro pasara a otra entidad que absorbiera a los trabajadores, pero no ha fructificado al no ser posible la condonación de la deuda a la Seguridad Social».

Oltra, calificó ayer la situación de Emaús como un caso de «incompetencia y ruina en diferido», a su juicio, consentida por los anteriores gobiernos de la Generalitat, «que durante años, años y años no vigilaron la gestión de esta entidad, a pesar de que trabajaba con usuarios tutelados». Oltra afirmó que la primera prioridad para el Consell son los usuarios y residentes de los centros de menores, discapacitados y mujeres con vulnerabilidad e insistió, en el caso de que los centros de Emaús tuvieran que cerrar mañana, todos ellos ya tienen plaza para ser reubicados en otras entidades.