Dos años después de que la Asociación Emaús de Altea entrará en concurso de acreedores, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante ordenará «con toda probabilidad» un ERE «tras agotar esta semana todas las vías para que la Seguridad Social condonara la deuda de 5 millones de euros que tiene», con lo que «se irán al paro 300 trabajadores» y «quedarán en desamparo» más de 150 ciudadanos «entre menores de edad tutelados, personas de la tercera edad, personas con diversidad funcional y mujeres en situación de vulnerabilidad en las marinas Alta y Baja».
Así lo afirmó ayer en Altea el presidente del Comité de Empresa de Emaús, Daniel Montiel, tras celebrar una concentración de numerosos trabajadores afectados «por la mala gestión de la asociación» frente al Ayuntamiento de Altea, y denunciar que «se está a las puertas de un repentino desmantelamiento que podría provocar que todos estos usuarios pudieran ser trasladados».
Como un jarro de agua fría recibieron ayer los trabajadores de Emaús la noticia de que podrán enviarlos al paro y «destruir una labor de 38 años de ayuda a los niños desamparados, ancianos y mujeres maltratadas». Los trabajadores se dirigieron al Ayuntamiento y se reunieron con el alcalde, Jaume Llinares, para que Altea medie ante la Consellería de Bienestar Social. Tras la reunión se convocó una manifestación para el mediodía de hoy, viernes, en la plaza del Ayuntamiento. Montiel afirmó que «está en riesgo todo el entramado de Emaús y puede caer la residencia Les Boqueres para la Tercera Edad de Altea, el centro para discapacitados de Relleu, los pisos de acogida de mujeres maltratadas y el centro Los Hermanitos que atiende a los menores».
Según explicó, «el concurso de acreedores en el que está inmersa la entidad podía haberse anulado gracias a la oferta de una empresa catalana interesada en absorber todo el grupo. La única condición era la condonación de la deuda por parte de la Seguridad Social, lo que parecía factible ya que la Seguridad Social tiene pocas posibilidades de recuperar los 5 millones que se deben, pero la no presencia de la Seguridad Social en este proceso, y su falta de contestación a la notificación judicial por parte del Juzgado, lleva a la retirada de cualquier oferta para dar continuidad al grupo Emaús y su labor social», concluyó Montiel.
Usuarios reubicados
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat han asegurado que todos los usuarios de estos centros de Emaús que dependen del sistema público serían reubicados en otros centros, en el caso de que hubiera que proceder al cierre. En concreto, se refirieron a los menores, discapacitados y mujeres víctimas de violencia a los que ahora se daba servicio en las distintas dependencias gestionadas por Emaús.
Las personas con plaza en centros privados, como la residencia Les Boqueres de Altea, tendrían que buscar otros lugares donde acudir por su propia cuenta, al no depender de la Conselleria.
