Rosa Mari lleva desde el lunes sin poder ir a «clase». A sus 28 años, la parálisis cerebral que padece la obliga a depender de alguien las 24 horas del día y, por tanto, necesita que una tercera persona la traiga y la lleve al Centro Infanta Elena de Alicante, donde recibe tratamiento de lunes a viernes. Su padre, que es el principal sustento de la familia, no puede abandonar su trabajo de autónomo para llevarla; su madre, que desempeña el papel de cuidadora, no tienen carné ni medios para encargarse de esta misión. Hasta el pasado lunes, era la Generalitat quien le suministraba un medio de transporte. Pero los recortes, «dichosos recortes», también se han cebado con esta joven y con otros tres en su misma situación que también residen en Benidorm: Jorge, Karmele y Alba.
Los cuatro chavales tienen reconocido un grado de discapacidad de entre el 75 y el 89% y ahora, en todos los casos, consideran que las administraciones les han dejado «tirados». La conselleria de Sanidad ha decidido retirarles el transporte que les facilitaba el traslado a sus centros de día: a tres hasta el Infanta Elena y a un cuarto al de San Rafael, ambos en Alicante, a los que acuden porque en Benidorm no existe ningún centro adecuado a las necesidades que requieren debido al grado de su enfermedad.
Los viajes los realizaban ocupando un asiento en las ambulancias del servicio de transporte no asistido (TNA) que desplazan diariamente a numerosos enfermos a centros hospitalarios de la Comunidad. «No tenían un autobús especial, ni una ambulancia especial, ni ningún servicio que se les prestara a ellos como algo extraordinario. Se aprovechaban los viajes que ya hacen estas ambulancias a Alicante para llevar también a nuestros hijos», aclaran las madres, que afirman no entender «qué se ahorra la Generalitat retirándonos las plazas, cuando las ambulancias siguen yendo y viniendo a Alicante como siempre».
Meses de rumores
La posibilidad de quedarse sin el servicio de transporte sanitario es una noticia que les viene rondando desde finales del pasado año. Por eso, desde entonces, las cuatro madres afectadas no han dejado de moverse y pedir amparo en las distintas administraciones. En el Ayuntamiento de Benidorm, consiguieron que el pleno aprobara una moción para instar a Sanidad a mantener el servicio. «Pero nada más; ni un euro de ayuda ni ningún otro compromiso», lamentan.
De la Generalitat, por el momento, tampoco han conseguido nada; ni desde Igualdad y Políticas Inclusivas ni desde Sanidad. De ésta última, según aseguran, tan sólo han recibido una explicación para justificar la decisión de quitarles el servicio: «Nos dicen que estas ambulancias no son un transporte escolar, sino sanitario. Y que, aunque nuestros hijos allí reciban distintas terapias y tratamientos muy importantes para su bienestar, no puede considerarse como tal».
Padres y abuela al volante
Frente a la imposibilidad de los padres de Ana Mari de llevarla hasta Alicante, las familias de Jorge, Karmele y Alba se las están arreglando para cubrir ellos mismos el servicio con viajes en coche, a pesar de la avanzada edad de algunos de ellos. Por ejemplo Carmen, la abuela de Alba, que es quien se encarga de acompañar a la joven.
Los afectados temen que sus niños puedan perder las plazas para acudir al centro, por las que pagan 180 euros mensuales, si no pueden garantizar los traslados. Por ello, piden a la desesperada al Consell y al Consistorio ayudas para poder costear algún otro medio en el que, además, sus hijos viajen seguros. «Lo que no pueden es decirnos 'apáñatelas como puedas' y desentenderse de todo», señalan.
